Conforme se acerca el 5 de noviembre día de la elección presidencial en Estados Unidos la tensión crece entre Republicanos y Demócratas, lo que recrudece sus discursos y amenazas contra quienes consideran sus adversarios políticos, o bien, contra grupos de la sociedad civil que consideran sus enemigos.
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Una propuesta ambigua de seguridad pública
En medio de esta vorágine, Donald Trump no ha tenido empacho en afirmar que en caso de llegar a la Casa Blanca realizará la deportación de migrantes más grande de toda la historia de Estados Unidos y, para ello, invocará la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 que le permita realizar deportaciones masivas incluidos ciudadanos estadunidenses, residentes permanentes y migrantes con estatus legal e individuos “sin papeles”.
La Ley que no ha cambiado desde 1798 es una autoridad en tiempos de guerra que permite al presidente detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga o migrantes sin una audiencia previa basándose únicamente en su país de nacimiento o si el presidente decreta que ha habido una “invasión” o “incursión depredadora” por parte de una nación o gobierno extranjero.
La Ley de Enemigos Extranjeros no le exige al presidente determinar, ni siquiera creer, que las personas no ciudadanas detenidas o deportadas representan una amenaza para la seguridad nacional. Solo basta haber nacido en el país incorrecto según la apreciación presidencial.
En consecuencia, a las personas deportadas la Ley no les concede ninguna oportunidad de presentar pruebas de su lealtad a Estados Unidos o dejar en claro que no son un peligro para esa nación.
Una vez detenidos no existe ningún procedimiento judicial mediante el cual puedan apelar a la decisión presidencial de su detención y posterior deportación.
Esta Ley se ha invocado tres veces durante un conflicto bélico: la Guerra de 1812, también conocida como la guerra angloestadunidense que enfrentó a Estados Unidos contra el Reino Unido y sus colonias canadienses; y en las dos Guerras Mundiales donde fue clave en las detenciones, expulsiones y restricciones dirigidas a migrantes alemanes, austrohúngaros, japoneses e italianos basándose únicamente en su ascendencia.
Asimismo, durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizada para encarcelar a 120,000 estadunidenses de origen japonés en campos de internamiento.
En 1988, el Congreso y el presidente, Ronald Reagan acordaron reparaciones y emitieron una disculpa por las detenciones masivas que se realizaron sin una orden judicial durante la Segunda Guerra Mundial.
El año pasado un grupo de congresistas del partido Demócrata presentó el proyecto de ley “Vecinos no Enemigos” que tenía como objetivo revocar la ley de Enemigos Extranjeros, sin tener éxito.
Así las cosas, con el uso de esa Ley, Donald Trump podría realizar deportaciones sumarias sin audiencias judiciales ni otros procesamientos que, por lo general, se les conceden a las personas no ciudadanas en tiempos de paz, incluso negándoles los beneficios legales que les otorga las leyes migratorias.
Frente a estas amenazas realizadas por Donald Trump no podríamos llamarnos a sorpresa cuando el republicano, en caso de llegar a la Casa Blanca, comience a deportar cada año el millón de migrantes que se ha puesto como objetivo.
Profesor del Tec de Monterrey
@contodoytriques