El regreso a la negociación de El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que cumplió cuatro años de vigencia y que modernizó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de 1994 y dio continuidad al marco regulatorio de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, se aprecia difícil y de procesos complejos.
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Entre los intereses locales, las actitudes y prácticas intervencionistas norteamericanas y los intereses locales de Canadá, se aprecian las dificultades que complicaran inevitablemente las negociaciones.
Las debilidades del país son obvias, generadas a partir del subdesarrollo democrático y político, con administraciones laxas y tolerantes con la delincuencia y una evidente debilidad del Estado de Derecho, nos exponen con fragilidad ante los embates de los grupos hegemónicos, los intereses económicos y las tecnologías avanzadas.
Es claro que el país se ha rezagado en los últimos decenios en la educación superior y la investigación, lo que nos deja expuestos ante los avances tecnológicos, además de que somos dependientes de productos extranjeros, manteniéndonos de manera determinante como país de maquila de mano de obra.
El factor amenazante más próximo es la actitud del Presidente electo norteamericano, que nos señala las debilidades políticas y de gobierno. El margen de operación y respuesta de la nueva administración es corto, realmente inmediato, lo que dificultará cualquier negociación exitosa.
El esfuerzo que se tiene que realizar no tiene un plazo mayor de dos meses, lo deseable sería llegar a los últimos días de enero con eventos de alto impacto que puedan de alguna manera desactivar las intenciones intervencionistas.
Por lo que pareciera que el único camino que tenemos es el de golpes espectaculares en el tema de la delincuencia organizada. Sin embargo, el gobierno anterior dejó desmanteladas la seguridad pública y la
procuración de justicia.
El manejo de la investigación y la información fue dejada de lado como herencia de Enrique Peña Nieto, que vio en la violencia una percepción y sus sucesores consideraron el crecimiento de las bandas como de segundo orden, con programas inocuos ante la fuerza desbordada y el apoderamiento de los recursos
públicos y particulares por los delincuentes.
Factores como el desmantelamiento de organizaciones policiales por la ausencia de recursos, el desinterés por formar cuadros eficientes y el abandono de los sistemas de inteligencia de las corporaciones.
Así como el aislamiento de los sistemas policiales locales de los organismos internacionales, llevó al país a la exposición de un crecimiento exponencial de la delincuencia, además del apoderamiento de instrumentos electorales y de administración pública de los municipios y aun de los gobiernos estatales, en especial de los órganos policiales, de investigación criminal y de procuración de justicia.
Bajó el ángulo del que nos ven los gobiernos extranjeros, en especial el norteamericano que está por asumir la función, se ve como única alternativa realizar golpes espectaculares dentro de la delincuencia organizada, para lo que necesita el actual gobierno obtener de inmediato la posibilidad de operar, organismos de seguridad pública y de procuración de justicia con eficiencia real.
Solo así podría el gobierno de México, mediante la demostración de un interés real de resolver los álgidos problemas, un margen de maniobra y credibilidad para negociar en mejores términos el Tratado Comercial.