Ayer el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro acudió al Congreso del Estado para entregar, en Oficialía de Partes, su iniciativa de ley que reforma varios artículos de la Constitución Política del Estado “con la finalidad de armonizarla con las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial”, dice textualmente el documento.
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¿A qué se refiere cuando habla de “armonizar” la Constitución estatal con la Carta Magna federal en materia del Poder Judicial, si en su iniciativa contradice esa presunta “armonización” al forzosamente incluir en la reforma al Tribunal de Justicia Administrativa (TAE), que a nivel federal lo dejó fuera la reforma promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al igual que los tribunales agrarios, tanto federales como estatales?
Entre los legisladores y litigantes se conoce muy bien aquella sentencia que reza: “El que hace la ley hace la trampa”, tan evidenciado a lo largo de los años en el Poder Legislativo jalisciense, independiente del color que sea la mayoría legislativa.
¿Será este el objetivo de la iniciativa del Ejecutivo presentada ayer? ¿Por qué quitarle al TAE su carácter de órgano jurisdiccional y querer someterlo a un Poder Judicial que en el estado carece de autonomía e independencia y está sujeto a lo que le dicte el Ejecutivo, ya sea desde Palacio de Gobierno o Casa Jalisco?
¿Qué, acaso, forzar la integración del TAE no es quitarle a esta reforma la armonía con la reforma constitucional federal?
Meter al TAE en esta reforma es precisamente lo contrario: ir en contra de la reforma constitucional federal.
Actualmente el Tribunal de Justicia Administrativa no pertenece al Poder Judicial, es un órgano jurisdiccional y quizás eso genere inconformidad en otras esferas de gobierno.
En su iniciativa, el Ejecutivo argumenta que integrar al Tribunal de Justicia Administrativa como órgano del Poder Judicial tiene como objetivo “fortalecer su integración y mejorar su funcionamiento”, pues desde que fue creado en 1991 “nunca ha tenido un órgano de control y vigilancia, lo que a lo largo de los años ha provocado conflictos internos y problemas de funcionamiento”.
Cuando habla de “control”, ¿se referirá al que mantiene el Ejecutivo sobre algunos magistrados del TAE que “bailan” al son que les marcan desde Casa Jalisco? ¿O del “control” que se tiene sobre otros magistrados que se prestan hasta para falsificar documentos oficiales para favorecer sospechosos arrendamientos de patrullas municipales que dejan “jugosas” ganancias en los primeros niveles de gobierno, que luego son utilizados en campañas electorales?
¿O lo que se busca al pretender integrar al Tribunal de Justicia Administrativa al Poder Judicial para aplicarle esta reforma es abrir las puertas a los amparos y así obstaculizar y frenar el avance y la aplicación de esta reforma? ¿Autosabotaje, acaso?
¿Qué intereses llevaron a que el TAE pierda su carácter de órgano jurisdiccional y se someta a esta reforma judicial? ¿Quién o quiénes ganan con ello o a quiénes pretenden hacer perder con esta decisión? ¿De veras el objetivo es “ponerle piedritas” a esta reforma, desde la iniciativa misma?
Desde ayer mismo en los corrillos judiciales, y en redes sociales, se hacían varias de estas preguntas en torno al incluir, contrario a lo realizado a nivel federal, al Tribunal de Justicia Administrativa a esta reforma estatal.
Bien dicen que “cuando el río suena, es que agua trae…”.
Y si no, al tiempo…