En los lamentables hechos recientemente conocidos de Teuchitlán, encontramos el reflejo de la inmadurez y desconocimiento de la administración pública y de los procesos de Investigación Criminal y de Procuración de Justicia.
Te recomendamos:
Aunque no con este enfoque, los medios han insistido en que se sigue el camino de los desaparecidos de Ayotzinapa, en que el Estado o los gobiernos de distintos niveles, trataron de encubrir hechos en los que han estado coludidos servidores públicos, que amén de la perversión de la administración pública, se evidencian hechos delictivos en los que resultan involucrados por acción o por omisión.
En el afán de cubrir responsabilidades, se olvidan de que confunden funciones de Investigación Criminal con funciones administrativas, torciendo ambas.
En Ayotzinapa la intervención del Procurador Federal, acabó por pervertir la investigación hasta el punto, que él mismo acabó como indiciado.
Para el caso que nos ocupa al actuar funcionarios de Procuración de Justicia, como de los poderes ejecutivos Federal y Estatal, no solamente desvirtúan y ensucian una investigación, que originalmente pertenece a las Policías Investigadoras, si no que los mismos fiscales acaban involucrados por manipular los hechos.
Todo ello sucede, cuando el Fiscal Federal actúa por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo y no como parte del procedimiento, además en el camino se involucran en la misma confusión el Gobernador del Estado y la Fiscalía Estatal.
Al hacer declaraciones y pronunciamientos sobre los hechos, hacen el trabajo de los abogados defensores, al violentar el Debido Proceso, entre otras barbaridades cometidas por los titulares de los poderes ejecutivos y por las fiscalías.
De tal manera que, no solamente violan los derechos de las víctimas y sus familiares en la búsqueda de Justicia, sino que ensucian los procesos, que cuando lleguen a las manos de los juzgadores irán pervertidos por quienes están obligados a cuidarlos, al ejercer la Persecución del delito.
Estamos no solamente ante la aparente manipulación de los hechos, por instancias ajenas a los procesos judiciales, sino en el ejercicio de funciones para lo que no fueron electos los funcionarios, en el caso de los titulares de los ejecutivos, que asumen potenciales funciones de Investigación Criminal, que deben ejercer en primera instancia las policías investigadoras y en segunda las fiscalías, para iniciar los procesos judiciales.
Las preguntas
Y surgen las preguntas:
- ¿Porque y para que lo hacen?
- ¿A quién tratan de proteger?
- ¿Que temen?
Todo parece indicar que sufren una especie de pánico sin conocer las causas, pareciera que les espanta conocer la verdad.
¿Acaso hay verdad más dolorosa que los hechos que viven las familias de secuestrados, torturados y asesinados?
Todo es una paradoja, contradicciones que se suman al horror de una sociedad desconcertada, que vive hechos y consecuencias que creíamos superados hace décadas y que nos regresan al primitivismo de la violencia y la locura.
Una sociedad que no logra procesar los hechos macabros y que, además, tiene autoridades que se empeñan en engañar, en desvirtuar lo que debería ser transparente. Es evidente que ese no es el camino recto hacia el Estado de Derecho.