Ante la insistencia del Fiscal Federal de mantener la versión oficializada de los campamentos de la delincuencia, se supone que, si se niegan ciertos hechos, el impacto social y de opinión pública será menor en el efecto que causan.
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La primera impresión para quienes estamos pendientes de las declaraciones es no saber si quienes declaran suponen que somos torpes, hasta el punto de que con una declaración oficial pueden hacernos cambiar de juicio.
Tal es el caso del Fiscal General de la Federación en su declaración sobre los hechos de Teuchitlán, quien ha logrado algo inusual, que nadie le crea, en lo que para muchos sus propias declaraciones son contradictorias y para otros falsas.
Al parecer Alejandro Hertz Manero se confundió de época o momento y se le olvida que cuando lo aprobó el órgano legislativo como Fiscal General, siguió un criterio de periodos y de porcentajes de aprobación por sus miembros, para otorgarle autonomía frente al Poder Ejecutivo.
En primer lugar, no debería de pronunciarse de manera pública, porque va contra el debido proceso de una investigación en curso y aun menos, si deja la sensación que lo hace por instrucciones.
Todo parece indicar que se trata de establecer una lógica entre las decisiones y la actuación del anterior gobierno, con referencia a la delincuencia organizada, que todo mundo dentro del gobierno siente pánico afectar.
Esto es que la opinión pública estableciera una lógica entre la tolerancia a los delitos federales, en especial y los excesos de conductas sicópatas de quienes las ejercen.
El temor de aceptar las consecuencias de decisiones tomadas por quienes dirigieron el anterior gobierno.
Una pista es recordar que el anterior gobierno fue quien propuso a Hertz Manero para Fiscal General, pero no queda claro como se asume él mismo dentro de ese contexto, o quizá mejor dicho, no sabemos bajo que compromisos asumió el cargo, al grado de tener que hacer declaraciones sin sentido común.
Lo que si nos queda claro es que las actitudes y políticas de los gobiernos y de los procesos de Procuración de Justicia, siguen siendo zigzagueantes y tratan de acomodarse a la circunstancia, en lugar de trabajar en el establecimiento de la verdad de los hechos y fincar las responsabilidades conducentes a los hechos y las circunstancias.
Lo que queda claro es que la investigación de los delitos, la búsqueda y Procuración de la Justicia no es la prioridad para las fiscalías, llámense federal o estatales, mismas que anteponen el afán de atender las decisiones y los criterios de quienes ejercen el control de la administración pública.
Lo patético es que la población sigue desesperada esperando se establezca el Estado de Derecho, en tanto los obligados a mejorar la Justicia siguen perdidos en sus juegos patéticos, absurdos y cortesanos.
Estamos aun lejos de tener una Procuración de Justicia creíble y digna, en la que confiemos los ciudadanos como punto de partida para vivir en una sociedad civilizada, en la búsqueda de la convivencia en armonía.