Es desconcertante la toma de decisiones de los gobiernos federal y estatal en el tema de la seguridad pública. No está claro si es deliberada la confusión o realmente no asimilan los procesos lógicos, de la seguridad y la procuración de justicia.
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Es preocupante como se violentan los conceptos, por ejemplo, del Debido Proceso y como también se asumen actitudes que no son propias de su función. Se entiende quizá por la enorme presión social que existe, en el tema de la delincuencia organizada y de personas desaparecidas, pero no se justifica que no reflexionen sobre cuál es el papel que les corresponde a los poderes ejecutivos, federal y estatal y a la Fiscalía Federal y las fiscalías estatales.
En un esfuerzo por definir los objetivos de las decisiones y aun de las declaraciones, se termina por argumentar de manera errática. Quienes pretenden justificar acciones y opiniones, acaban por confundir aún más.
En la búsqueda de la lógica o sentido común de quien debiera tratar de resolver o atender el problema de las personas desaparecidas, se insiste en argumentar si los campamentos son o no lugares de exterminio de personas y cuerpos, cuando lo que se debe hacer es estudiar meticulosamente los hechos, para posteriormente generar opiniones y criterios debidamente sustentados.
Pareciera que lo que conduce las investigaciones es el miedo, el temor de lastimar intereses o de complicidades y encubrimiento de anteriores funcionarios.
La alteración del lugar de los hechos, la desaparición de objetos de estudio y prueba, todo nos hace ver que hay una manipulación perversa y lo que es peor, torpe.
Dudas legítimas
- ¿Cuál es el propósito de tratar de deslegitimar las opiniones y las declaraciones de los familiares de las víctimas?
- ¿Por qué el empeño de fiscalías y titulares de los ejecutivos, en negar algo que el sentido común nos dice que sucedió?
- ¿No sería mucho más sencillo esperar a que los peritajes y los estudios de criminalística diluciden con claridad los hechos?
Ahora resulta que una fiscalía especializada de Jalisco investiga a los peritos y los investigadores de la Fiscalía General, por supuestos hechos y omisiones en la investigación de Teuchitlán.
- ¿Por qué no se seleccionó desde el inicio de la investigación a las personas con mayor capacidad?
- Suponiendo que quienes actuaron, lo hicieron dolosamente y por su cuenta, por demás poco creíble. ¿Qué acaso los involucrados tomaron decisiones al margen de sus superiores jerárquicos y del mismo Fiscal General?
- ¿Por qué ahora todo mundo trata de endosar la responsabilidad, que desde un inició fue de quienes dirigen las instituciones de peritajes e investigación del delito?
Para completar el proceso de incongruencias y contradicciones, ahora resulta que el Gobierno del Estado adquiere un lote importante de patrullas y equipos, para mejorar el funcionamiento de las áreas de tecnología y para maravilla encontramos que los vehículos que crea Elon Musk, son la solución a los problemas de la seguridad pública.
De haberlo sabido se hubiera evitado la muerte reciente de los asesores de investigación criminológica, se deberían haber adquirido dichos equipos oportunamente y evitado recriminaciones y rumores de complicidades.
Todo para llegar a un punto de ausencia de criterios de planeación de la seguridad pública y que, para muchos, raya en la irresponsabilidad y la superficialidad.
Así la duda continúa:
- ¿Es falta de conocimiento, de criterios o es un errar deliberado, a pesar de la enorme presión de solución de la crisis de seguridad pública?