Donald Trump recibió un espaldarazo más de la Corte Suprema dominada por sus acólitos, cuando los jueces suspendieron la orden de la jueza federal de distrito, Maame Ewusi-Mensah Frimpong que frenaba las llamadas redadas “ambulantes” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), es decir, redadas y detenciones “por portación de cara”.
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Con ello, levantaron las restricciones que impedían al gobierno trumpista realizar redadas de migrantes en el área de Los Ángeles basándose en criterios amplios como hablar español o reunirse en lugares donde los jornaleros suelen juntarse para obtener empleo, es decir, el criterio para detener a los migrantes se basará en estereotipos.
Con la orden de la Corte Suprema los agentes de migración no solo necesitan una sospecha “razonable” para seleccionar a alguien y llevar a cabo su detención, sino que con base es fenotipos podrán realizar las detenciones migratorias.
Esta decisión va en contra del espíritu de la Cuarta Enmienda ratificada el 15 de diciembre de 1791 que establece que “la protección a las personas de registros e incautaciones irrazonables, y además las órdenes de registro deben basarse en causa probable, estar corroboradas por juramento, y describir
específicamente el lugar a registrar y los objetos a incautar”.
Esta Enmienda tiene como propósito salvaguardar la privacidad de las personas, sus domicilios, objetos
personales, y hace hincapié en que las pruebas obtenidas en violación de la Enmienda no son admisibles en los tribunales.
Desde luego, todo ello no le interesa al inquilino de la Casa Blanca, como tampoco le importa que, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, la población hispana sea la minoría más numerosa de la Unión Americana con una cifra aproximada de 63.6 millones de personas, lo que representa cerca del 19%
de la población total del vecino del norte. Solo en Los Ángeles, viven 2 millones latinos; además, el español se hable en 62 por ciento de los hogares estadunidenses.
Como muestra del desprecio a esta población e insistencia para criminalizarla y violenta los derechos humanos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció ayer lunes la puesta en marcha de la “Operación Patriot 2.0” en Massachusetts y la “Operación Midway Blitz” en Chicago para detener a
miles de migrantes.
Estas Operaciones buscan realizarse bajo el aval de la decisión de la Corte Suprema que, si bien se refiere al área de Los Ángeles, podrá ser utilizada como protección judicial para detener migrantes por “portación de cara” en otras ciudades.
Sin más, miles de migrantes comenzarán a escuchar la sentencia: “papeles, por favor” a partir de la pregunta que se habrán los agentes de migración: “¿qué tan “ilegal” se mira este latino?
@contodoytriques