La licitación ilegal efectuada durante el gobierno de Enrique Alfaro en 2022, sigue causando estragos al actual Gobierno del Estado a través del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco, quien todavía debe al SAT 580 millones de pesos.
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Esta semana, la dependencia tendrá que acatar la sentencia del juicio de amparo 945/2024, ya que
el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, le otorga el plazo de tres días a partir de
ser notificado para cumplir el acto reclamado que fue ratificado por el Sexto Tribunal Colegiado en
la revisión 261/2024.
Esto significa que debe anular el fallo de la licitación pública local LCC-041-2022, denominada
“Consultoría en asesoría y defensa en materia fiscal para el O.P.P. Servicios de Salud Jalisco”, dejar
sin efecto el contrato para el ganador y reponer todo el proceso o en su caso indemnizar al
afectado.
Se apercibe que, en el caso de incumplimiento, se impondrá una multa de 230 veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), poco más de 26 mil pesos, además que puede
culminar con la separación del puesto y consignación.
El gobierno estatal a través de Salud Jalisco, lanzó el 15 de septiembre de 2022, la licitación pública
para contratar a un despacho y defenderse del crédito fiscal 500-30-00-04-02-2022-02062, de
fecha 26 de abril de 2022, por el orden de 515 millones 892 mil 442 pesos, emitido por Hacienda
por incumplimientos fiscales en el Impuesto Sobre la Renta.
Tras celebrar una licitación el 30 de septiembre de 2022, el organismo le otorga el contrato por 17
millones 953 mil pesos a Monty Servicios Contables, S.C.; pero la empresa Núñez López
Consultores, S.C., una de las participantes que propuso 12 millones 760 mil pesos (cinco millones
menos), decide ampararse por numerosas irregularidades en el procedimiento.
La Dirección Jurídica de la dependencia, buscó declarar improcedente el amparo alegando que era
un acto consumado de modo irreparable, ya que se tenía el contrato firmado y hasta vencido en
su plazo; pero un tribunal colegiado ratificó la sentencia y aclaró que puede darse una
indemnización por reparación del daño ya que, al no hacerlo, estarían “convalidando las
ilegalidades” de la licitación.
La secretaria de juzgado en funciones de Jueza Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de
Jalisco, Silvia Núñez Viveros, ordena al OPD Servicios de Salud Jalisco que, en un plazo de tres días,
cumpla la sentencia de amparo y deje “sin efecto el acta de presentación y apertura de
propuestas” del 27 de septiembre de 2022; así como el fallo del 30 de septiembre de 2022,
incluyendo el contrato y pide que se reponga todo el procedimiento.
Pero el enredo no termina aquí. En el juicio de amparo en revisión 261/2024, la empresa Monty
Servicios Contables, S.C., también argumentó que era improcedente el amparo al ser un acto
consumado irreparablemente.
Luego señala que “prestó el servicio y concluyó el mismo” haciendo entrega al organismo de la sentencia que declara la nulidad del crédito fiscal 500-30-00-04-02-2022-02062, en una resolución “firme” emitida el 20 de octubre de 2023 por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Sin embargo, lo que Monty Servicios Contables, S.C. no señala, es que tuvo que demandar al OPD
Servicios de Salud Jalisco ante el Tribunal de Justicia Administrativa, para que le pagara el 50 por
ciento del contrato.
Según la resolución del expediente 4132/2024 del dos de abril de 2025 emitido por la Cuarta Sala Unitaria, se condena a las autoridades a pagar 8 millones 976 mil 528 pesos más actualizaciones.
Y lo peor de todo es que el crédito fiscal no fue resuelto. El Servicio de Administración Tributaria
(SAT), logró reponerlo y volvió a fincarle al OPD Servicios de Salud Jalisco, un cargo ahora por
aproximadamente 580 millones de pesos.
Tan es así, que la dependencia ya contrató otro despacho para defenderse del crédito. Esta vez lo
hizo en forma directa, sin licitación de por medio.
(La historia completa en www.paraleloveinte.com).
*Columna publicada en: Gobierno de Jalisco debe al SAT 580 millones