Las recientes revelaciones que apuntan a una presunta defraudación fiscal masiva conocida como “huachicol fiscal” han puesto en el centro del debate público la integridad del erario mexicano.
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De acuerdo con datos el fraude del huachicol fiscal ascienden a 600 mil millones de pesos, la información se generó desde la tribuna del congreso donde el diputado del Partido Acción Nacional, Homero Niño de Rivera, advierte que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo del conocimiento público que el fraude señalado lo realizaron figuras políticas de alto nivel en el sexenio del líder moral del partido MORENA, Andrés Manuel López Obrador, el impacto patrimonial al Estado es tan grande que exige no solo la restitución, sino una respuesta penal acorde a la magnitud del daño a la nación.
La cifra de 600 mil millones de pesos no es solo un número; es un boquete fiscal que amenaza la capacidad de acción del Estado. Para entender su dimensión real, es imperativo situarla en el contexto de la economía mexicana.
Cifras
Utilizando el Producto Interno Bruto (PIB) nominal de México de 2023, que ronda los 32.6 billones de pesos, se calcula que la pérdida atribuida al huachicol fiscal representa aproximadamente el 1.84% del PIB total del país. Esto significa que casi el 2% de toda la riqueza que México genera en un año simplemente dejó de ingresar a las arcas nacionales.
En términos de inversión pública, esta cantidad podría haber servido para:
- Duplicar o triplicar el presupuesto asignado a programas sociales federales esenciales.
- Financiar una parte sustancial de los proyectos de infraestructura y desarrollo social del país.
- Fortalecer de manera crucial los sistemas de salud y educación pública a nivel nacional.
La pérdida es, en esencia, un freno de mano al desarrollo nacional, negando a millones de mexicanos el acceso a servicios y oportunidades financiados por esos recursos.
Para medir el verdadero impacto del boquete fiscal, lo comparamos con la producción económica (PIB) de naciones enteras.
El monto de 600 mil millones de pesos (aproximadamente 33 mil millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio) es comparable, en términos de PIB nominal, al tamaño total de las siguientes economías nacionales:
| País (PIB Nominal Anual Estimado) | Contexto de Comparación |
| Uruguay | La pérdida es comparable al PIB total anual de esta nación sudamericana. |
| Costa Rica | El boquete fiscal se acerca al PIB total anual de este país centroamericano. |
| Estonia o Letonia | Es equiparable a la suma de la producción económica de algunas naciones bálticas. |
El hecho de que el desfalco sea del tamaño de la economía de un país entero subraya que no se trata de un simple acto de corrupción local, sino de un delito de alcance macroeconómico que afecta la posición financiera de México en el ámbito global.
La comparación más contundente a nivel nacional se hace con la producción de los estados que son verdaderos motores económicos. El monto de los 600 mil millones de pesos es equiparable al PIB total anual de entidades federativas vitales para la economía, como Puebla o Guanajuato.
Guanajuato y Puebla son centros industriales clave, con economías dinámicas impulsadas por los sectores automotriz y manufacturero. Su pujanza es vital para el crecimiento del PIB nacional. El desfalco, por lo tanto, es el equivalente a que uno de estos estados, el cual es clave en la economía de México, dejara de producir riqueza por completo durante un año. Esto profundiza el argumento de que este acto atenta directamente contra la estabilidad económica de la República.
Traición a la patria
Dada la colosal afectación de 600 mil millones de pesos, y el señalamiento de que este fraude fue orquestado desde las esferas del poder, el tratamiento legal del caso no puede limitarse a la simple defraudación fiscal. La magnitud del desfalco exige que los responsables sean investigados por el delito de Traición a la Patria.
El concepto de Traición a la Patria en el Código Penal Federal se configura cuando un acto atenta gravemente contra los intereses fundamentales de la nación y su seguridad.
- Afectación a la Soberanía Financiera: Un boquete fiscal de esta magnitud debilita la capacidad del Estado mexicano para sostenerse y cumplir con sus obligaciones. Al minar la Hacienda Pública de esta manera, se está atentando contra la soberanía económica del país.
- Abuso de la Función Pública para Dañar a la Nación: Si se comprueba la participación de altos funcionarios, su acto implica utilizar el poder conferido por la nación para dañarla profundamente. Esto transforma el fraude en un acto hostil cometido desde dentro.
- El Perjuicio Nacional: Al impedir que esos 600 mil millones ingresaran a la nación, los responsables incurrieron en un daño directo al patrimonio de todos los mexicanos.
- El Artículo 123 del Código Penal Federal de México define la traición a la patria como un acto que atenta contra la seguridad de la nación con el propósito de someterla a un gobierno, grupo (CARTELES NARCOTERRORISTAS), o persona extranjera. Este delito abarca acciones concretas y graves, como el espionaje, la colaboración militar con un país enemigo o la entrega de territorio nacional. Es un delito de resultado o de peligro, que requiere una intención de someter a la nación y una acción material que atente contra su soberanía.
El “huachicol fiscal” es uno de los mayores desfalcos en la historia reciente de México. La presunta participación de altos funcionarios agrava el crimen, convirtiéndolo en un acto que mina la confianza social y la capacidad financiera del Estado.
La fiscalía general de la República (FGR) debe llevar a cabo una investigación sin precedentes, sin importar los niveles jerárquicos de los involucrados. Es imperativo que se determine si la conducta encuadra en los supuestos del delito de Traición a la Patria.
De ser hallados responsables, los culpables deben ser sancionados con el máximo rigor del Código Penal Federal y vincularlos a proceso con toda la rigidez del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
La justicia no puede ser selectiva; el mensaje debe ser que el robo masivo y organizado al erario público, equivalente a paralizar un estado pujante, es un crimen de traición a la patria que requiere la máxima pena. La restitución de los 600 mil millones de pesos y el castigo ejemplar son la única vía para restaurar la legalidad y la seguridad económica de la nación.