¿Qué está sucediendo en el Instituto de Formación para el Trabajo (IDEFT), que dirige el presidente del grupo político “Confío en México”, Salvador Cosío Gaona, que hasta el momento ninguna autoridad superior ha hecho nada al respecto?
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Por un lado, la Contraloría del Estado, que preside María Teresa Brito Serrano, mintió al informar a Marcatextos que inició una auditoria a la administración de Cosío Gaona, concretamente en el renglón de la impartición de los cursos de capacitación, (leer Contraloría ya audita a Salvador Cosío en el IDEFT https://marcatextos.com/contraloria-ya-audita-a-salvador-cosio-en-el-ideft/ Marcatextos 22/09/2025), porque extrañamente la auditoría que inició con fecha del 22 de septiembre pasado fue a la gestión 2024 de la entonces directora general Lorena Torres Ramos, hoy coordinadora general de la Superintendencia del Centro Histórico de Guadalajara, de acuerdo a la Orden de Auditoría y Comisión con el número de oficio DGP/1647/2025.
Habría que preguntarnos si es común que la Contraloría aplique auditorías a una administración, en este caso del IDEFT, diez meses después de que se entregó el cargo.
O si se detectaron irregularidades en la gestión de Torres Ramos -que dicen pertenece al grupo político de Manuel Romo Parra, secretario general del Ayuntamiento tapatío-, que obligan a que la Contraloría le aplique una auditaría 10 meses después de que dejó el cargo.
Y si para ello existe alguna denuncia presentada por Cosío Gaona a la Contraloría o por qué hasta ahora se decide investigar el último año de Lorena Torres como directora general del Instituto.
Y, por el otro, en el IDEFT continúan registrándose una serie de anomalías e irregularidades, además de la opacidad con que ahora trabaja, como la presunta desviación de recursos destinados al pago a capacitadores con los que se paga a quienes hacen tareas administrativas o recientemente, se asegura, para el pago del bono del servidor público.
Además de que se continúa pagando como instructores o capacitadores a quienes hasta la fecha no han impartido ni un sólo curso, entre ellos varios integrantes del grupo “Confío en México”, y se reparten cargos que no existen en la estructura ni en el organigrama y, mucho menos, en la nómina del Instituto.
Sobre este último punto, de cargos inexistentes, refieren tres ejemplos claros: Rodolfo Valdez González, como Superintendente; Patricia Campos González, secretaria técnica de la Dirección General; y Mirna Evelyn Delgado Huerta, delegada de la dirección general en el Departamento de Recursos Humanos. Reiteramos, dichos nombramientos no existen como plazas ni en la plantilla ni en el organigrama. O sea, son cargos sacados de la “chistera” de Salvador Cosío. A los dos primeros, incluso, se les paga como instructores -$39 mil a Valdez González y $36 mil 819 a Campos González, mensualmente-, pese a que nunca han otorgado ningún curso. En próxima entrega hablaremos de este tema en particular.
Pero hay algo más. Ahora que Marcatextos comenzó a ventilar estas y muchas otras irregularidades -más las que faltan por revelar-, el Instituto ha asumido una política de opacidad y de ocultar la información que está obligado a hacer pública en lo que debe ser una rendición de cuentas a la ciudadanía. Por ejemplo, en su portal de Transparencia no está actualizada la publicación de la nómina desde el mes de julio, al tiempo de que se bajó o desapareció la correspondiente al 2024, quizás para evitar que se hagan comparativos.
Asimismo, el IDEFT presume en medios de comunicación tradicionales o digitales que le son afines al director general, así como en sus redes sociales, la firma de convenios que no están publicados en su página de Transparencia, y los interesados se preguntan por qué Pablo García Arias, ex dirigente del PRI Guadalajara y directivo del grupo “Confío en México”, oculta esta información que está a cargo de la dirección que preside.
Otro caso más: ¿Por qué el Instituto oculta la información pública que es fundamental, como los inventarios de vehículos y bienes muebles que no se han actualizado en la actual administración? Un ejemplo público de ello es el vehículo con rótulo del IDEFT que fue sorprendido cometiendo una infracción de tránsito -dando una vuelta prohibida-, cuyas placas no se encontraron en el padrón del Instituto, pero resulta que a muchas de las unidades se les hizo el cambio de placas, pero no han sido actualizadas en la página de Transparencia.
Y aún hay más ejemplos de opacidad: No se encuentran publicados los contratos de arrendamiento de los cinco bienes inmuebles que el IDEFT renta y paga con recursos públicos, como tampoco existe información publicada en su portal de ninguna licitación de compras de bienes y servicios. ¿Qué hará con esa información el profesor Ernesto Ángel?
Se conoce que el Instituto ha realizado obras de infraestructura en las casas arrendadas, sin que exista una partida presupuestaria para obra, además de que estas tareas son responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. ¿De dónde, entonces, saldrán los recursos gastados en este renglón y dónde está información respectiva que debe de ser pública?
Por último, al interior del IDEFT se preguntan si Cosío Gaona estará pagando al Instituto algún arrendamiento para ser bodega de los muebles de su notaria que se han llevado a las oficinas centrales y al plantel en Tlajomulco de Zúñiga.
De todo esto revelado líneas arriba -así como en entregas anteriores-, al parecer ni la Contraloría ni la Secretaría de Educación se han enterado, y si lo saben, habría que preguntarnos por qué guardan sospechoso silencio y no actúan en consecuencia. ¿Lo hacen por iniciativa propia o por órdenes “de arriba”?
Será interesante saberlo, porque aún hay mucho más por revelar. Ya verán en entregas próximas.
Al tiempo…
*Columna publicada en: ¿Contraloría solapa irregularidaes de Cosío?