Debe existir un contrato tarifa-servicio con la ciudadanía que diga: esto te voy a dar, así lo voy a medir, en este plazo, y si no cumplo, no te lo cobro
En movilidad hay una verdad simple que la política suele olvidar: el usuario no paga un número, paga una experiencia. Paga el tiempo perdido en la parada, el camión que nunca llega, la unidad que viene saturada, el trayecto que se vuelve ruleta y el cansancio acumulado de sentir que el sistema te trata como dato, no como persona.
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Por eso, cada vez que se habla de aumentar la tarifa del transporte público, el debate se atasca en lo de siempre: si era inevitable, si subió el diésel, si en otras ciudades cuesta más.
Todo eso puede ser parcialmente cierto, pero no responde la pregunta esencial: ¿qué recibe la gente a cambio? Porque una tarifa sin contraprestación verificable es recaudación disfrazada; y un aumento sin evidencia de mejora es, como mínimo, una falta de respeto.
La salida no es romantizar el no subas nunca, ni entregar cheques en blanco. La salida es adulta: tarifa con contrato. Si va a subir, que suba con un acuerdo público, medible y con consecuencias.
Un contrato con la ciudadanía que diga, con todas sus letras: esto te voy a dar, así lo voy a medir, en este plazo, y si no cumplo, no te lo cobro.
Un contrato de desempeño, no un discurso
El “contrato tarifa–servicio” debería tener pocos indicadores, pero quirúrgicos. No veinte métricas que nadie entiende: seis u ocho que se puedan revisar sin ser ingeniero. Por ejemplo:
• Frecuencia real por ruta y por hora pico (no la de papel, la de calle).
• Tiempo promedio de espera en paradas principales.
• Puntualidad (cuántas unidades pasan en la ventana prometida)
.• Saturación (cuántos viajes van arriba de cierto nivel de ocupación).
• Condición de unidades (mecánica, limpieza, ventilación, accesibilidad).
• Seguridad (incidentes reportados y atendidos; cámaras funcionando donde aplique).
• Quejas y solución: cuántas entran, cuántas se resuelven, en cuánto tiempo.
Si no hay mejora en esos puntos, no hay narrativa que alcance. La gente no es tonta: vive el sistema todos los días.
Calendario y escalones: sube tarifa por etapas, no por decreto
Un aumento puede plantearse por fases: primer escalón, primer paquete de mejoras; segundo escalón, segundo paquete.
La clave es brutalmente sencilla: la siguiente fase no ocurre si no se cumplió la anterior. Eso obliga a lo que más falta en la administración pública mexicana: ejecución con disciplina. Y protege al usuario de pagar “promesas”.
Transparencia operativa: que los datos no sean secretos
Si la tarifa se justifica con “técnica”, la técnica tiene que ser pública y replicable.
Metodología, supuestos, datos agregados, actas de decisiones, y un tablero simple que cualquier ciudadano pueda consultar. Si un aumento no soporta luz, no soporta legitimidad.
Y aquí un punto fino: la transparencia no es solo para callar críticos; es para profesionalizar el sistema. Cuando el dato se abre, el sistema mejora por presión y por aprendizaje. Eso es modernidad.
Sanciones reales: cuando no cumples, pierdes
Si el contrato no trae consecuencias, es literatura. Debe incluir sanciones claras a operadores y concesionarios: penalizaciones por incumplimiento, retiro de unidades, ajustes de ruta, pérdida de incentivos, y, en los casos graves, rescisión.
En movilidad, el usuario no puede ser el único que paga el costo del desorden.
Un componente de justicia: que nadie se quede afuera
Cualquier esquema de pago, beneficio o subsidio debe tener un principio rector: incluir, no filtrar.
Si hay tarjetas, plataformas o beneficios, tienen que existir opciones para quienes no viven con conectividad perfecta ni bancarización automática.
Un sistema de transporte no es un club: es infraestructura de igualdad. La tarifa puede subir. Sí. Pero si sube como sube todo, sin contrato, sin tablero, sin consecuencias y sin mejoras palpables, entonces no es una medida técnica: es una prueba de fuerza.
Y eso, en un servicio que es columna vertebral de la ciudad, termina saliendo caro: en confianza, en cohesión social y en gobernabilidad.
La manera seria de hacerlo es esta: tarifa con contrato verificable. Si sube, que se note. En la parada. En el camión. En el tiempo de vida que la gente recupera cuando el servicio funciona. Porque al final, de eso se trata: no de mover camiones, sino de mover dignamente a las personas.