Cuando aún está pendiente el resultado de la investigación de la Fiscalía General de la República sobre lo sucedido en el rancho Izaguirre en Teuchitlán; cuando la indignación se mantiene y la imagen del estado vuelve a ser motivo de primeras planas, columnas y comentarios en los medios de comunicación y redes sociales por lo sucedido en el auditorio Telmex con el grupo “Los Alegres del Barranco”; cuando no es creíble la versión oficial de que la muerte de la lideresa de comerciantes del centro de Guadalajara y madre buscadora, Teresa González Murillo, fue por un intento de robo; cuando es noticia nacional el asesinato del activista de Teocaltiche, Juan Pablo Alonzo Estrada, el cardenal José Francisco Robles Ortega hizo una fuerte declaración sobre la inseguridad que abate a Jalisco y que no cayó muy bien en Palacio de Gobierno.
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En su tradicional rueda de prensa dominical, Robles Ortega puso énfasis en el control que tiene el crimen organizado sobre todo lo que sucede en muchos municipios del estado, desde las fiestas patronales hasta en el gobierno mismo, algo que los propios pobladores saben y nadie cree que las autoridades de los tres niveles de gobierno desconozcan.
Esto contó el cardenal a los reporteros e incomodó a Casa Jalisco: “Lo perciben los párrocos que no es el presidente municipal el que gobierna, es el jefe de la plaza. Es el jefe de la plaza el que le dice al párroco: Señor cura, a qué hora quiere que quememos la pólvora, el castillo, el día de la fiesta; a qué hora quiere que toque la banda musical. Es el jefe de la plaza el que lleva el control de algo que correspondería a las autoridades municipales y los sacerdotes perciben que no hay un estado de derecho”.
¿Alguien en los municipios ignora todo esto? ¿No lo sabe la autoridad municipal? ¿Lo desconocen los cuerpos de seguridad del lugar o de la zona?
El Cardenal alertó que los sacerdotes enfrentan la peligrosa disyuntiva: aceptan las condiciones que imponen los grupos delictivos o se arriesgan a las represalias. Y remató: “Muchas de nuestras comunidades viven bajo el temor porque no sienten que las autoridades, aún sabiendo, apliquen la ley y no tienen ya ni una protección, no hay quién los proteja”.
Ayer el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro -quien ya no siente “lo duro, sino lo tupido”-, salió tibia y tímidamente a tratar de refutar las palabras del Arzobispo de Guadalajara:
“Yo nunca pondría en duda lo que dice el cardenal, él debe tener denuncias de sacerdotes y de párrocos. La cuestión es trabajar de la mano para poder recibir esas denuncias completamente anónimas y poder trabajar en los municipios donde se está presentando esta situación. Lo que creo es que se han infiltrado grupos delincuenciales, pero no al grado de ser gobierno, eso definitivamente no”.
La población sabe que los líderes de estos grupos de delincuentes no necesitan “despachar” en la sede del Ayuntamiento ni en la jefatura de la Policía municipal para saber quién es el que gobierna. Pero no vayamos muy lejos: ¿en cuántas colonias de la zona metropolitana estos grupos delictivos cobran ese “derecho de piso” y no denuncian por temor a represalias? ¿Cuántos pequeños y medianos comercios han cerrado porque no pueden o no están dispuestos a pagar esa “cuota”?
En una palabra, este es “el pan nuestro de cada día” y las autoridades lo saben. Pero que el Cardenal de Jalisco, el Arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, lo declare y haga público, sin duda tiene otra dimensión que vuelve a colocar a Jalisco en “el ojo del huracán”.