Los procesos de la democracia en el país han seguido una ruta inesperada, conducida por los intereses de los partidos y las corrientes políticas, que han degradado la intención original de la Reforma Política de la década de los setenta.
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La Reforma tuvo como fin elemental incorporar a las corrientes del comunismo, que permanecían marginadas de cualquier actividad, lo que generaba fuerte polarización, por un lado estaba un segmento en extremo conservador de la sociedad y por el otro una respuesta cargada de animosidad de los grupos marginados, que veían en su momento como única alternativa la lucha violenta, es decir una revolución.
Generalmente se identificaba a esas corrientes radicales como Partido Comunista, siguiendo el ejemplo de la Revolución Rusa, triunfadora sobre los gobiernos zaristas.
Sin embargo, la polarización estalla en el movimiento del sesenta y ocho, que tuvo como antecedente entre otros la lucha ferrocarrilera.
Así surge en el periodo de José López Portillo la Reforma Política, que permitió la incorporación de El Partido Comunista, además de un partido que tenía como antecedente la lucha cristera de la década de los veinte, en la participación electoral.
El gobierno de ese sexenio estuvo caracterizado por fuertes contradicciones, por un lado, generó la Reforma Política, por otro la creación de los grupos paramilitares que encabezados por la Brigada Blanca generaron lo que se llamó la Guerra Sucia, que torturó y ejecutó a los miembros de los grupos guerrilleros, rurales y urbanos que habían surgido posteriores a 1968.
Sin embargo, dicha Reforma Política se vio alterada por sucesivas reformas. Lo que inicialmente tenía como propósito darle voz a la disidencia de los movimientos de izquierda mediante el voto de Representantes en el Congreso Federal, para canalizar sus ideas y opiniones de manera pacífica, fue utilizada con otros fines por los gobiernos sucesivos.
Lo primero que se hizo fue aumentar el número de diputados de los llamados de Representación Proporcional, hasta llegar al actual de 200, contra 300 electos de manera directa a través de distritos.
La última etapa consistió en el extremo de otorgar senadores de primera minoría para que el partido que lograra el segundo lugar en votos en cada Estado, obtuviera una posición en el senado junto a los dos senadores de mayoría.
Se engordó la nómina del Congreso Federal de tal manera, que aumentó desproporcionadamente los
presupuestos afectando las finanzas nacionales, beneficiando únicamente a los partidos políticos que se convirtieron en lastre de la democracia, mercantilizando el voto popular y el de los representantes, hasta convertirlos en mercenarios de los grupos de interés, deformando severamente no solo la Reforma original, sino la joven democracia del país.
Tal distorsión llegó hasta el punto de afectar no solo el concepto de la Representación Proporcional, sino la misma representación popular, hasta llegar a la sobrerrepresentación, en la que los partidos obtienen posiciones más allá de la proporcionalidad de los votos obtenidos. En especial los partidos minoritarios, que tienen una mínima aceptación en la vida social y política del país.