Aunque la desaparición de personas en México genera la más terrible crisis de seguridad pública, la “desaparición forzada” es todavía más dolorosa, ya que coloca al estado mexicano como responsable por acción u omisión en este delito.
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Paralelismo de los gobiernos estatal y federal
Es decir, que los cuerpos de seguridad en el país propicien la tragedia de miles de familias, cuando su tarea es precisamente combatir esta calamidad, representa la más vergonzosa de las afrentas para el gobierno que se niega reconocer su culpa.
Un estudio elaborado en el país por la organización “Impunidad Cero” acreditó que se padecen niveles del 99 por ciento de impunidad. En el documento señalan que entre 2006 y 2022 hubo 98 por ciento de impunidad para el delito de desaparición forzada; 100 por ciento en los casos de desaparecidos por particulares y un 99 por ciento acumulado en ambos delitos.
En cifras, el estudio señala que entre 2019 y 2022 hubo a nivel nacional 35 mil 669 desapariciones y el poder judicial en las distintas entidades apenas reportó 141 sentencias condenatorias a personas involucradas.
En México, la Ley General en Materia de Desaparición distingue dos figuras: la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. Las sanciones contempladas por la ley son severas. La desaparición forzada se castiga con penas de 40 a 60 años de prisión; en el caso de desaparición cometida por particulares, la pena va de 25 a 50 años, con agravantes que incrementan la condena cuando la víctima pertenece a grupos vulnerables, como niñas, adolescentes, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.
Pero una cosa es los que establece el marco legal y otra muy distinta la que sucede en su aplicación. La desaparición forzada está definida en los tratados internacionales como la privación de la libertad cometida por agentes del Estado, o por particulares con su apoyo o aquiescencia (complicidad u omisión).
La mejor prueba de la derrota del gobierno y sus estructuras en el combate de este mal, la representan las más de 130 mil desapariciones registradas. En cuanto a Jalisco, el estado encabeza el fenómeno en el país con más de 15 mil casos.
Tan solo en los últimos seis años la administración de Enrique Alfaro acumuló alrededor de 6 mil 700 reportes nuevos de personas desaparecidas. Esto equivale a un promedio de poco más de tres casos diarios, aunque distintas organizaciones estiman que por la llamada cifra negra, esta cantidad podría multiplicarse al menos por tres o cuatro veces.
Como sucede con las leyes mexicanas, el andamiaje institucional también ha resultado inoperante para contener el problema. A nivel federal, existe el Sistema Nacional de Búsqueda con la Comisión Nacional como órgano rector.
A nivel estatal, existe la Comisión de Búsqueda de Personas, además de fortalecer las áreas de la Fiscalía especializada, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, toda una estructura institucional con la que el gobierno responde con más burocracia, sin atender la efectividad de cada ente.
En este coctel de infructuosos esfuerzos, irrumpieron decenas de agrupaciones ciudadanas que se dieron a la tarea de buscar a sus familiares desaparecidos, lo que se ha convertido en México en una actividad de alto riesgo.
Un estudio de Amnistía Internacional encontró que al menos 30 personas buscadoras han sido asesinadas, 16 de ellas eran mujeres. La organización centró su investigación en 600 mujeres que buscan a sus familiares y acreditó abusos y violaciones a sus derechos humanos, entre éstos amenazas, ataques, extorsiones y discriminación.
Por medio de una encuesta se pudo conocer que, del universo de 600 buscadoras, el 65 por ciento eran madres, 21 por ciento hermanas, 13 por ciento parejas, 6 por ciento hijas y 5 por ciento amigas. El 84 por ciento buscaba a un hombre desaparecido y 15 por ciento a mujeres.
El estudio dedicado a las buscadoras lleva un nombre bastante certero para exponer el drama que padecen: “Desaparecer otra vez”.
Lo invito a que me lea, escuche y vea en www.paraleloveinte.com
*Columna publicada en: https://www.milenio.com/opinion/carlos-martinez-macias/sin-pedir-audiencia/desapariciones-forzadas-ser-juez-y-parte