Carlos Martínez Macías*
El país de más de cien mil desaparecidos, la desaparición forzada representa en México la mejor forma de reconocer que “el enemigo está en casa”.
Con apenas 13 años de haberse reconocido el fenómeno mundial en el marco de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, no todos los estados del país han ajustado sus marcos legales para tipificar el delito y, en aquellos donde ya existe, es un camino tortuoso acreditar que se ha registrado un caso.
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Para la convención que tutela la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el concepto es amplio, pero al mismo tiempo bastante claro para determinar los alcances del ilícito:
Se entiende por desaparición forzada, “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Esta práctica es utilizada a menudo como un método para infundir terror, pero no solamente a la familia directa del ciudadano, sino también a la comunidad y a la sociedad en general.
Sin embargo, según Amnistía Internacional, son los países con prolongados conflictos bélicos, donde se registran el mayor número de casos confirmados. En Siria, por ejemplo, unas 82 mil personas fueron sometidas a desaparición forzada desde 2011.
En Sri Lanka, las estimaciones van de los 60 mil y hasta 100 mil víctimas desde fines de la década de los ochentas. Y en Argentina, el caso más cercano a México, hay registros de unas 30 mil desapariciones durante la dictadura militar, cuyas familias, hasta la fecha, siguen sin conocer el paradero de sus parientes.
En México, aunque las desapariciones han ido creciendo en forma desorbitante, es imposible seguir con precisión cuáles serían realmente atribuidas a las fuerzas del orden.
Por ejemplo, del total de los desaparecidos desde 2007, con Felipe Calderón, se dieron dos mil 666 por año, es decir, siete al día; con Enrique Peña Nieto, cinco mil 581 por año, 15 al día; y con Andrés Manuel López Obrador, siete mil 748 por año, 21 al día.
No obstante, de 2007 a enero de 2023, estaban acreditadas apenas 467 desapariciones forzadas, 54 con Calderón; 91 con Peña Nieto y 322 con López Obrador.
Hasta esa fecha, más de 81 mil desapariciones eran consideradas cometidas por particulares.
Pero colectivos de desaparecidos que realizan tareas de búsquedas tienen otros datos. Un ejercicio realizado por la agrupación Luz de Esperanza mostró que de los 300 desaparecidos de su colectivo, en el 60 por ciento, es decir 180, había participado alguna autoridad policiaca ya sea municipal, estatal o de la fiscalía.
El problema es probarlo y aunque hay jurisprudencia y acuerdos internacionales que definen que se puede acreditar con un tercero, las entrevistas son tortuosas y los testigos terminan por darse por vencidos cuando se revictimiza al afectado.
En carpetas de investigación sobre casos de personas desaparecidas, figuran señalamientos de que grupos criminales habrían realizado el “levantamiento”, pero en el operativo figuraba un elemento de seguridad.
Si además se reconoce que tanto en fiscalía, como en decenas de las policías municipales en Jalisco estaría infiltrado el crimen organizado, las estadísticas de desapariciones forzadas serían más de las que son reconocidas.
Y algunos colectivos van más allá. Si la ley contempla la “aquiescencia” (complacencia, permiso) de las autoridades para la operación de la delincuencia, entonces al menos unos nueve mil de los 15 mil desaparecidos en Jalisco estarían en el supuesto de la desaparición forzada.
Columna publicada en: https://www.milenio.com/opinion/carlos-martinez-macias/sin-pedir-audiencia/desapariciones-forzadas-el-enemigo-en-casa
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