Con la irritación que genera el gobierno de Enrique Alfaro, hemos dejado atrás los abusos de los gobiernos anteriores. Ninguno se salva, todos derrocharon dinero, actuaron como césares romanos, dejando obra pública inútil y acciones de gobierno de ocurrencia. Aunque el más destacado pudiera ser Aristóteles Sandoval.
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En los procesos de auditoría, por ejemplo, Francisco Ayón, quien era el multiusos de ese gobierno, traía el último año más de diez mil millones de pesos de gasto sin comprobar.
Entre inversiones de Pensiones del Estado con empresas fraudulentas en obras ajenas a la función de la institución, como la contratación de obra pública del Río Verde, para acumular aguas para la Zona Metropolitana de Guadalajara y el derroche de un precario presupuesto de educación.
Dinero federal gastado sin cumplir con los protocolos mínimos, prácticas por lo demás heredadas del gobierno de Emilio González.
El dinero en algunos casos fue utilizado para gastos de una potencial campaña para gobernador, que sus afiebradas mentes les hacían sentir con posibilidades y derecho de obtener el triunfo electoral.
Todo ante las alcahueterías de Enrique Peña Nieto, que lo tenían sin cuidado los excesos de los gobiernos estatales. Tampoco hubo ninguna reacción de Aristóteles, quien dejó a sus incondicionales cometer infinidad de abusos. Al final nadie se preocupó por cerrar dichas auditorías.
Antonio Cruces por su lado, también fue señalado por los auditores en las áreas de salud, con una cantidad semejante de derroche. Mala administración y disposiciones discrecionales del presupuesto, mismas que dejó sin darle cuenta a los órganos de fiscalización, estatales y federales.
En esa fiebre sexenal aparecía el municipio de Arandas, que aportaba de manera directa a la bolsa de Aristóteles 50 mil dólares por semana, por causas y orígenes nunca esclarecidos, lo que pareció ser una prestación recurrente.
Otra aportación se hacía atribuible al Fiscal General y fueron las recaudaciones irregulares de los reclusorios con sello de autogobierno, que llegaban en maletas sin montos definidos.
En la obra pública fue una denuncia permanente de los contratistas los exagerados cobros de porcentaje, que les imponía una funcionaria cercana al gobernador. Denuncias a las que obviamente pusieron oídos sordos las dependencias obligadas a investigar y perseguir los delitos consecuentes.
Durante todo el periodo fueron constantes los señalamientos al área de adquisiciones que dirigía Salvador González, por los porcentajes que exigía por compra de bienes y servicios, entre ellos las enormes cantidades utilizadas en los costosos vehículos de transporte de un país oriental.
La adquisición de software para servicios de gobierno fue otro tema que levantó inconformidad, adquirido extrañamente en un país lejano y prácticamente desconocidos en el mundo de la tecnología, lo que elevaba las sospechas, mismas que nunca fueron aclaradas.
La constante del gobierno de Aristóteles Sandoval fue el escándalo y el abuso de los recursos públicos. Un gobierno que dejó un mal sabor de boca, que, para desconsuelo de los habitantes de Jalisco no fue el último.
Es un síndrome que padecen los habitantes de Jalisco, que merecen una mejor calidad de funcionarios, asociado a una sensación de impunidad y alcahuetería que dejan los actuales gobiernos federal y estatal, al investigar de manera superficial dichos abusos.