El 13 de julio la UNESCO anunció, con el beneplácito de las autoridades mexicanas, que el camino a Wirikuta y los lugares sagrados de peregrinación que lo componen se declaran y se integran al Patrimonio Cultural de la Humanidad.
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La declaratoria se materializa después de años de señalamientos y esfuerzos del pueblo Wirrarika y sectores de la sociedad en defender el valor ancestral de los sitios ante la inminente depredación minera, ganadera, turística y forestal que representan una amenaza constante y un riesgo para las personas que, cumpliendo la costumbre, siguen esa ruta para mantener el orden cósmico de acuerdo a sus creencias.
En Wirikuta, situado cerca de Real de Catorce, San Luis Potosí, los Wirraritari encuentran el centro del equilibrio del universo y el lugar donde nace el sol dentro de su agreste perímetro, crecen las plantas sagradas que utilizadas en los rituales y lugares ancestralmente sagrados permiten a este pueblo originario ver el universo y encontrar su lugar.
El listado que recoge la declaratoria, como los decretos y programas esbozados por las autoridades federales, representan un escalón más en la montaña burocrática que deben sortear los pueblos indígenas para poder ejercer sus derechos y mantener sus tradiciones frente a la existencia de decenas de concesiones mineras para la explotación de oro y plata que se internan en las casi 140,000 hectáreas que conforman la reserva natural wirikuta.
La experiencia nos muestra que la lucha es desigual, que las tradiciones y lo sagrado para los pueblos originarios, aunque existan todas las declaratorias, tienen el mismo efecto que una llamada a misa entre semana cuando se habla de derrama económica, creación de empleo y, sobre todo, de inversión extranjera.
Las consecuencias no deseadas de la globalización afectan por lo regular a quienes viven en pobreza, en zonas aisladas y quienes tienen cultura, lenguaje y costumbres diferentes a las de la mayoría.
Así las cosas, esta declaratoria solo consigna la gravedad de la amenaza, pero no implica acciones decisivas para la conservación y protección del territorio que comprende.
Los pueblos originarios, su inclusión desde la diversidad, el respeto a sus derechos y territorios ancestrales, su desarrollo cimentado en sus tradiciones y valores, son un lenguaje y conceptos que la política y el derecho difícilmente son capaces de comprender y que ocupan renglones en los planes de desarrollo, pero en su aplicación no pasan de anotaciones marginales.
Lo que señaló hace varios años el poeta veracruzano y nahuablante Mardonio Carballo, que los pueblos y comunidades originarios en todo México no han dejado de ser objeto de estudio para ser sujetos de derechos, permanece como una sólida realidad.
Esta condición pone de nuevo sobre la mesa la cuestión de los derechos políticos de la comunidad wirrarika en los municipios del norte de Jalisco donde son la población mayoritaria, y la urgencia de establecer mecanismos para que en su condición de pueblo originario puedan desarrollar su vida y desarrollo de manera acorde a sus usos y costumbres.
Ese Norte de Jalisco, al que la mayoría de los tapatíos y jaliscienses solo conocemos como lejano, escabroso y en el mejor de los casos pintoresco, es históricamente un terreno en el que los poderes estatales se diluyen ante poderes fácticos en los que Gobierno es una palabra ambigua y las obras publicas se realizan sin consideración ni verificación.
Los caminos que pretendían llevar el progreso hace varios años se trazaron sobre terrenos sagrados para los Wirraritari, y lo único que hicieron las autoridades fue parar las obras y encogerse de hombros. Esta actitud persiste, pues para quienes toman las decisiones públicas los pueblos originarios son un detalle de color en los eventos masivos, un grupo de interés artesanal y un instrumento útil para hablar, sin materializar, de diversidad cultural.
El reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas avanza a paso lento, pues la consulta realizada en el municipio de Bolaños arrojó como resultado que la mayoría de los participantes pide que el sistema de representación político electoral que opera a través del sistema de partidos políticos deje de funcionar en el municipio y que las reglas de convivencia y las decisiones públicas se tomen conforme a las normas tradicionales de las comunidades originarias.
Este es un paso significativo que hace urgente que tanto las definiciones establecidas en la declaratoria patrimonial de la UNESCO como las expresadas por las comunidades Wirraritari, se traduzcan en un estado de derecho que considere el territorio, las comunidades y el valor cultural de los pueblos originarios y les otorgue el reconocimiento y el valor que constitucionalmente exigen, para que desde su perspectiva tomen las decisiones y puedan recuperar el protagonismo en el desarrollo y la libertad y seguridad que merecen desde hace generaciones que, por un momento, al menos encuentren espacio entre las prioridades gubernamentales y se avance en los hechos algo de lo que en papel ya está escrito.
*Columna publicada en: https://marcatextos.com/el-camino-a-wirikuta-hoja-de-ruta/
Autor: Luis Miguel Hernández