El proceso en que se encuentra inmersa la construcción de un Poder Judicial en el Estado genera dudas y recelo en quienes desean una estructura que imparta la Justicia con imparcialidad y eficiencia.
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Para quienes han seguido el comportamiento de la Justicia en Jalisco, el mejor periodo ha sido en la época de los cincuenta y parte de los sesenta. Es, dicen en el periodo de Juan Gil Preciado cuando se inicia la penetración de los intereses del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno, que ejercía Jesús Limón, que inicia su deterioro. Proceso en que se han agudizado las fallas y los abusos de los gobiernos y por consecuencia del propio Poder Judicial.
Es en el gobierno de Alberto Cárdenas, siguiendo las pautas federales en que se hace un serio intento por mejorar la vida pública del Estado, con la participación de los partidos políticos. Se hace un intento serio por democratizar y hacer eficientes los poderes de Jalisco, así como oxigenar las instituciones anquilosadas.
Uno de los acuerdos inmediatos fue otorgar al Congreso del Estado y al Tribunal de Justicia el punto cinco por ciento del presupuesto a cada poder, para mejorar su operación. En el caso del Poder Legislativo se pretendía crear comisiones técnicas con personal altamente calificado, en apoyo de las comisiones del Congreso.
Para el Poder Judicial se pretendía mejorar los raquíticos sueldos de jueces, secretarios y personal de base, a la vez que se entregaban recursos para la adquisición de los insumos necesarios para la operación. Era práctica común que los secretarios de los juzgados pagaran los costos del material, desde luego eso llevaba a que las audiencias, acuerdos y diligencias de los juzgados, tuvieran una tarifa con cargo a los
litigantes.
El resultado de ambos casos fue que los diputados nombraron a familiares e incondicionales en las comisiones técnicas. Para el caso del poder judicial, los magistrados del Tribunal en un escándalo público se distribuyeron en bonos, el aumento del presupuesto asignado para la mejora de la administración y los salarios de jueces, secretarios y trabajadores.
En el siguiente sexenio, los partidos y el ejecutivo estatal acordaron salomónicamente otorgar magistraturas y titularidades de juzgados, a los recomendados de los partidos y del gobierno, en lo que consideraron un democrático proceso de acuerdos cupulares y que para la sociedad fue un cínico reparto de cuotas, entre los factores de poder.
En el sexenio de Aristóteles Sandoval se nombraron cien jueces penales para hacer eficiente la operación de los juicios penales orales, los nombramientos recayeron en recomendados del padre del gobernador.
En el gobierno anterior se entregó el Poder Judicial y sus nombramientos a personas incondicionales de Enrique Alfaro, con rumores de la participación de la delincuencia organizada.
Ahora que se pretende construir un nuevo Poder Judicial, ante la evidente manipulación de la reconstrucción del Poder Judicial Federal y la experiencia corrompida de los entes que deciden, se vende la idea de crear un Partido Judicial imparcial, profesional y competente, sin embargo, la historia de cinismo, manipulación y corruptelas nos hace desconfiar del proceso.
La lucha entre los factores que están interviniendo en el proceso, nos hace desconfiar de un resultado serio y honesto y nos lleva a pensar que acabará como en anteriores ocasiones, en un vulgar reparto de posiciones en acuerdos oscuros y cupulares.