Los servicios bancarios digitales en los Estados Unidos (EU) han creado una brecha significativa que amenaza la autonomía y la seguridad financiera de la creciente población de adultos mayores.
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Con más de 61 millones de personas de 65 años o más, este problema no es simplemente una cuestión de conveniencia, sino un desafío urgente de derechos humanos y dignidad. Este artículo se presenta como una propuesta respetuosa y pragmática para que, a través de una Orden Ejecutiva, aborde y rectifique esta inequidad sistémica.
El presidente Donald Trump, al ser un miembro de esta generación, posee una comprensión única y personal de las dificultades que enfrentan sus pares, lo que lo posiciona de manera ideal para liderar esta iniciativa. Es una oportunidad histórica para equilibrar el progreso tecnológico con la inclusión social.
Retos digitales
Aunque la Age Discrimination Act of 1975 protege a las personas mayores en programas que reciben fondos federales, esta legislación no ha sido actualizada para cubrir el espectro completo de la banca digital.
Esto ha creado una laguna legal que los bancos han explotado, forzando a una población vulnerable como los adultos mayores en Estados Unidos, a utilizar tecnologías con las que no están familiarizados.
Esta falta de una base legal sólida ha dejado a millones de adultos mayores sin un recurso claro cuando se les niega el servicio presencial, a pesar de que este servicio es esencial para su bienestar financiero y su seguridad.
Es hora de que la ley se ponga al día con la realidad del siglo XXI y garantice que la edad no sea una barrera para el acceso a servicios básicos.
Paralelamente, la Americans with Disabilities Act (ADA) ha sentado un precedente legal crucial al dictaminar que los sitios web y las aplicaciones deben ser accesibles para las personas con discapacidades.
Aunque la ADA se enfoca en una población específica, su espíritu es aplicable a los adultos mayores, quienes a menudo enfrentan barreras similares de acceso debido a la disminución de la visión, la audición o la destreza manual, todos ellos desafíos asociados al envejecimiento.
La digitalización sin alternativas de acceso equitativo para esta población vulnera directamente los principios de universalidad y accesibilidad que la ADA busca defender. La tecnología no puede ser una herramienta de exclusión, y es deber del gobierno asegurar que se adapte a las necesidades de todos los ciudadanos.
Esta brecha digital no es una elección; es una exclusión que vulnera el derecho a la propiedad y al acceso a servicios sin discriminación, principios fundamentales consagrados en tratados internacionales como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015).
Cuando las instituciones financieras obligan a sus clientes mayores a usar aplicaciones complejas sin ofrecer alternativas viables, limitan su capacidad para gestionar su patrimonio de manera autónoma. Esto atenta directamente contra su dignidad y el derecho a una participación plena y equitativa en la economía.
La incapacidad de realizar transacciones en persona o por teléfono, por ejemplo, puede llevar a la pérdida de control sobre sus propios fondos, aumentando su dependencia de terceros y exponiéndolos a un mayor riesgo de explotación.
Además, el aislamiento que sufren muchos adultos mayores, especialmente aquellos en asilos o que viven solos, se agrava por la falta de acceso a servicios bancarios presenciales. El banco, para muchos, es uno de los pocos lugares donde tienen una interacción social regular y significativa.
Al eliminar a los cajeros humanos y las sucursales, las instituciones financieras no solo crean una barrera tecnológica, sino que también eliminan un punto de contacto vital que contribuye a la salud mental y al bienestar de esta población.
Proteger a los adultos mayores de esta brecha es un acto de compasión y de defensa de sus derechos fundamentales, asegurando que su edad no los condene al aislamiento social y financiero.
Trump: debe evitar discriminación
En vista de esta problemática, se propone al presidente Donald J. Trump la promulgación de una Orden Ejecutiva que aborde directamente esta situación.
La propuesta tendría tres pilares fundamentales:
1. Actualización de la Age Discrimination Act: A través de una Orden Ejecutiva, el presidente podría instruir a las agencias federales pertinentes, como la Oficina del Contralor de la Moneda, para que actualicen sus regulaciones.
Estas actualizaciones deberían exigir que las instituciones financieras que operan en EE. UU. ofrezcan alternativas no digitales robustas y accesibles a los servicios bancarios. Esto podría incluir la garantía de que cada sucursal mantenga personal humano para servicios esenciales, la disponibilidad de líneas de atención telefónica con operadores reales y la opción de transacciones por correo. La tecnología debe ser una herramienta de conveniencia, no un requisito de exclusión.
2. Expansión del Alcance de la ADA: La Orden Ejecutiva podría establecer que la Americans with Disabilities Act se interprete de manera explícita para incluir la protección de los adultos mayores contra la discriminación digital.
Esto sentaría un precedente legal a nivel nacional para que cualquier aplicación o plataforma que preste servicios financieros deba ser diseñada con una interfaz simple, intuitiva y accesible para personas de todas las edades, protegiéndolos del “impacto desproporcionado” de las políticas de digitalización total.
3. Incentivos para la Capacitación Digital: La administración podría crear programas federales en colaboración con organizaciones sin fines de lucro y centros comunitarios para ofrecer capacitación gratuita en alfabetización digital.
Estos programas, financiados a través de incentivos fiscales para los bancos que participen activamente, garantizarían que los adultos mayores no solo tengan acceso a las herramientas, sino también el conocimiento y la confianza para usarlas de manera segura.
Impacto Desproporcionado: Argumento a favor de los Adultos Mayores
Un punto crítico a favor de la intervención presidencial se encuentra en el criterio jurisprudencial de “impacto desproporcionado”. Esta doctrina legal establece que una política, aunque no tenga una intención discriminatoria, puede ser considerada ilegal si su resultado tiene un efecto negativo desproporcionado en un grupo protegido.
La intención de una política no es relevante; lo que importa es el resultado. En el contexto de la banca, la digitalización forzada sin alternativas constituye un claro caso de discriminación por resultado. Si la política de un banco de eliminar el servicio en persona resulta en que un 30% de sus clientes mayores de 65 años se ven forzados a cerrar sus cuentas por no poder acceder a sus fondos de manera segura y eficiente, mientras que solo el 5% de los clientes más jóvenes enfrentan el mismo problema, se configura un claro caso de impacto desproporcionado.
Esta jurisprudencia se convierte en una poderosa herramienta legal para el presidente Trump, permitiendo a su administración utilizar el sistema legal existente para proteger a los adultos mayores sin la necesidad de crear una legislación completamente nueva desde cero.
Al ordenar a las agencias federales que apliquen este principio a la banca digital, la administración podría obligar a las instituciones financieras a ofrecer alternativas, reconociendo que la intención de ahorrar costos no justifica el abandono de una población vulnerable, como es el caso de los adultos mayores.
Es una manera inteligente y eficiente de garantizar que la búsqueda de la eficiencia corporativa no sacrifique los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Es un enfoque que prioriza a las personas sobre las ganancias.
La aplicación de este principio legal fortalecería la posición del gobierno para exigir a los bancos que implementen soluciones razonables y equitativas.