La permanente presión social sobre los gobiernos del país en la lucha contra la delincuencia organizada genera fuerte tensión interna y la ejercida por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica entre los dos países.
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Impredecible rumbo del gobierno federal
El afán del gobierno federal por minimizar el problema ante la abierta y decidida intención de los norteamericanos ha causado desencuentros que se agravan conforma pasa el tiempo, con la razonable
irritación externa por considerar que no se toma con la debida importancia el problema.
El delito agravado por la complicidad y tolerancia evidente ha llegado a aberrantes concepciones como la de Peña Nieto, que veía en la violencia solamente una percepción o la de López Obrador que declaró su afecto y amistad por las familias de los líderes de las bandas.
Visto desde otro ángulo, la relación de los gobiernos con los delincuentes ha pasado de la tolerancia cómplice a la protección, y de la asociación al control y dirección de funcionarios a líderes y bandas.
Finalmente, con la presión exterior pareció caminarse en el sentido correcto del debilitamiento de la delincuencia organizada, sin embargo, empieza a percibirse que el gobierno mexicano se resiste a continuar por esa ruta y las presiones de los grupos de interés a quienes gobiernan son evidentes.
En las últimas semanas y a partir de la reforma constitucional que entregó al sector militar la posesión de la Guardia Nacional, además de la distorsión de otorgar a dicha corporación la investigación criminal en
supuesto apoyo al Ministerio Público Federal, la lucha se estancó.
A la fecha aparecen hechos aislados que más parecen vendettas dentro de la corriente que gobierna, que la lucha sistemática por retomar el control de la seguridad pública en el país. Las bandas del narcotráfico siguen sin ser tocadas en sus núcleos.
En el caso concreto del Cártel Jalisco, hubo dos intentos de enfrentarlos, no necesariamente respetando los procesos legales, el primero de ellos en el año de 2012 en el gobierno de Felipe Calderón en un festejo familiar en el bajo sur de Jalisco aparecieron helicópteros artillados, disparando indiscriminadamente contra los comensales en busca de exterminar al líder, mismo que logró escapar por caminos rurales hasta salir del Estado.
El segundo intento lo realizó la Secretaría de la Defensa Nacional en 2015 dirigida por Salvador Cienfuegos en el gobierno de Peña Nieto. Enfrentaron sin estrategia ni la debida información al grupo que protegía al líder, sufriendo el gobierno federal la derrota con notables bajas.
El impacto hasta la fecha es al grupo de Sinaloa, mérito fundamental de los norteamericanos. El gobierno mexicano se ha dedicado a controlar personajes de segundo nivel a la vez que desmantela laboratorios de droga, hasta llevar a esa importante banda a la inanición y la marginalidad, aunque la violencia persiste de manera sistemática.
Los demás grupos permanecen intocados, pareciera que el gobierno mexicano espera que los norteamericanos desistan de acabar con dichas bandas. El resultado ha sido la distancia entre ambos gobiernos. La reacción norteamericana es exhibir lascomplicidades de los personajes locales.
En tanto el gobierno mexicano se empeña en tratar de cubrir sus vergüenzas mediante declaraciones retóricas y eventos intrascendentes y torpes.