La creación de un programa de trabajo social y desarrollo comunitario de las zonas marginadas, debiera permitir atender un fenómeno que por sus efectos y el impacto a mediano y largo plazo en el daño a las comunidades, sobre todo a los más vulnerables, afecta lastimosamente al municipio.
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Daños generados, a partir de la falta de interés de las administraciones municipales por atender la deficiente planeación urbana, razón por la que se encuentra la sociedad expuesta a tensiones sociales, provocadas por los vicios de los desarrollos de vivienda.

Expuestos sobre todo los menores a los abusos, incluyendo familiares y a las malas influencias de la delincuencia, se encuentran indefensos ante los embates de la corrosión social.
La distorsión de conductas y la educación deficiente generan además conflictos externos e intrafamiliares.
El crecimiento anárquico y la flexibilidad de la legislación de la vivienda favorecen a los intereses de los empresarios de la vivienda sobre las comunidades, con daños a la convivencia armónica.
Los municipios han perdido importantes zonas de servicio comunal entre áreas verdes, parques y unidades deportivas.
Como si ello fuera poco, los vagos y malvivientes se han apropiado de los espacios existentes.
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La donación comunitaria, que anteriormente estaba protegida por la legislación de vivienda, ha perdido la batalla.
Con efectos asociados a la marginación, se agravan problemas como la delincuencia, la violencia intrafamiliar y las adicciones.
La solución
En la prevención de esas disfunciones sociales, deberían generarse programas de atención comunitaria y la desactivación de conductas antisociales.
Se debe distender además la comunidad, las familias y las personas, a la vez que se combaten los malos hábitos. Así que a la vez que se combate la violencia en las calles, debe desactivarse la violencia intrafamiliar.
Un proyecto de esas características debe ser integral, considerando la participación de los liderazgos sociales, de comités de vecinos y de padres de familia de las escuelas, con la participación activa de la comunidad.
Para ello es necesario crear espacios de esparcimiento y de actividad deportiva, la capacitación de los padres de familia en mecanismos de participación social, además de castigar las conductas antisociales.
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Esos fenómenos podrían ser enfrentados con programas coordinados con las escuelas del municipio, con programas de deportes y la participación de organismos como el DIF municipal. Con personal capacitado en Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara, que genera resultados sorprendentes.
Con coordinación a su vez con programas de combate a la violencia, en especial de las zonas marginadas, que se han convertido en oasis de la delincuencia, con el consecuente consumo de droga e indigencia.
Más que un programa se debe convertir en un sistema permanente de atención de las zonas marginadas, mediante la sensibilización social y la participación de todos los miembros de la comunidad. Con programas articulados por profesionales y dirigidos y liderados por una administración municipal más humana.
Una administración que acerque la función administrativa a la sociedad y a los entes comunitarios, con quienes más los necesitan, los niños y jóvenes.