Aunque la reciente convocatoria para incorporar más taxis en el Aeropuerto de Guadalajara representa el reconocimiento del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) del pésimo servicio brindado, mantiene su negativa a permitir la operación de empresas de plataforma.
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Con apoyo de la Guardia Nacional, el GAP ha mantenido a raya los intentos de operadores de plataforma de recoger pasajeros en la terminal aérea, quienes tienen que esperar más de una hora para sus traslados o de plano aventurarse con choferes de Uberubicados a decenas de metros o utilizar vehículos “piratas”.
Una muestra de este rechazo, figura en las Bases para el Concurso para el Servicio de Transportación Terrestre de Pasajeros (Servicio de Taxi en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara) del pasado dos de abril.
Dentro de los requisitos para participar, señala en el Capítulo II inciso b que “no podrán participar aquellas empresas que tengan demandas o litigios activos con el aeropuerto o cualquiera de las subsidiarias del grupo”, lo que parece una dedicatoria para Uber que interpuso un amparo contra el GAP.
Sin embargo, no queda claro la calidad en la que el grupo emite la convocatoria para un servicio público federal que es regulado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Ley Federal del Autotransporte y el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.
Según la concesión otorgada el 29 de junio de 1998 al Grupo Aeroportuario del Pacífico, le permite celebrar contratos con terceros para prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales para los usuarios, de acuerdo con lo que establece el artículo 48 de La Ley de Aeropuertos.
Pero la ley identifica los servicios complementarios como los de rampa, tráfico, suministro de combustible a las aeronaves, avituallamiento, almacenamiento decarga y guarda, mantenimiento y reparación deaeronaves.
Y en el caso de servicios comerciales, define el arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes,arrendamiento de vehículos, publicidad, telégrafos, correo, casas de cambio, bancos y hoteles, entre otros.
Al menos en la concesión original, no figura el servicio terrestre de transportación de pasajeros del aeropuerto.
Las bases de la convocatoria del GAP para los nuevos taxis, señalan entre otras cosas que la flotilla de unidades tendrá que ser renovada cada cinco años; debe presentar una contraprestación económica con un importe base de mil 850 pesos por unidad y el porcentaje de participación que tendría el grupo dependerá del número total de boletos vendidos.
De cero a 25 mil boletos, el 8.5 por ciento; de 25 mil uno a 45 mil boletos, el 10.5 por ciento y de 45 mil uno en adelante, 12.5 por ciento. Esto quiere decir que entre más boletos vendan, aumenta el porcentaje de participación sobre las ventas totales mensuales.
La fecha límite para las ofertas de los interesados, es el cinco de mayo y la entrega de resultados y espacios en el aeropuerto el 16 de mayo.
Sobre los señalamientos de corrupción hacia la Guardia Nacional, el Grupo Aeroportuario del Pacífico se limitó a responder que “levantarán un reporte”.
Pero las denuncias contra la Guardia no son nuevas. Desde septiembre de 2024, fueron presentadas quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco contra jefes del cuerpo de seguridad y varios elementos.
Además, en redes sociales circulan videos de choferes de plataforma que mencionan extorsiones y abusos, además de grabaciones donde figuran casos donde operadores retiran dinero del cajero para entregarlo a oficiales.
También en el último mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se congeló una iniciativa que pretendía reformar el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares para permitir la operación de plataformas digitales en los aeropuertos.
Se denominaba: “Permiso para la prestación del servicio de transportación terrestre de o hacia puertos marítimos y aeropuertos con chofer contratado mediante plataforma digital…”
(Lo invito a que me lea, escuche y vea en www.paraleloveinte.com).