Esta etapa del gobierno federal se ha vuelto confusa y contradictoria. En tanto todo mundo habla del fuerte apoyo electoral de que goza la Presidenta, por otro lado, aparecen amenazas internas y externas constantes sobre la viabilidad del gobierno, sus criterios y su agenda.
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En los eventos internos más cercanos en el tiempo, se aprecia la elección de autoridades judiciales, en lo que se han empeñado en vender como la democratización de la Justicia y que para los conocedores y doctrinistas, es solamente la demagógica forma de vender un poder judicial de incondicionales.
Se aprecia que será un proceso desangelado. Destaca la insistencia en señalar el registro de abogados, reconocidos por su participación en la defensa de líderes de la delincuencia organizada. Además de
personajes protagónicos y escaso conocimiento, cuando participaron en encargos del mayor rango dentro del Poder Judicial Federal.
El último capítulo fue la presentación del expresidente Ernesto Zedillo, que cuestionó severamente como la pérdida de un Poder que limita el actuar arbitrario de los otros Poderes.
Ernesto Zedillo, expresidente
Lo que si podemos afirmar es que la reforma que hizo Zedillo, fue bajo una fuerte demanda de la sociedad por el deterioro que había sufrido la Justicia, de manera notoria durante el gobierno de Carlos Salinas.
En tanto que la propuesta actual se aprecia más como una demanda creada por los líderes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, con la farisea participación de personajes del mundo judicial.
En la cuchilla del mundo exterior cada día se ve más clara la amenaza del gobierno norteamericano, de una intervención para atacar a las bandas de la delincuencia, que dicho gobierno ve como una amenaza a su seguridad y a la salud de los norteamericanos.
El último capítulo fue el señalamiento del concubinato entre delincuentes y funcionarios, en especial del actual gobierno federal, además de gobernadores y munícipes.
Amenaza disfrazada de presión, para que el gobierno actual sujete a proceso y se supone a la expatriación de los personajes, a disposición de procesos penales en el país vecino. Razón para la que sirve como excelente pretexto, el conocimiento de la sociedad de la tendencia de los funcionarios de este régimen y de otros indistintamente, a asociarse con líderes de la delincuencia organizada.
Por las mismas o por distintas razones, en últimas fechas la lucha contra las bandas ha bajado de intensidad y empiezan a surgir críticas sobre las estrategias y la forma de abordar la confrontación con dichos grupos. De un accionar espectacular se ha pasado a una cautelosa actuación.
De alguna manera los hechos nos llevan a recordar la actuación de Alfonso Durazo Montaño, hoy gobernador de Sonora y de Olga Sánchez Cordero que fungió como posterior Secretaria de Gobernación, en la campaña de 2018 de López Obrador.
En los eventos sobre seguridad pública provocaron el enojo de quienes habían padecido los abusos de los delincuentes, perfilando la tibieza con que se actuaría en su gobierno contra la delincuencia organizada.
Amenazante nudo gordiano aparece en el horizonte, en los momentos en que el país se prepara para entrar en el proceso de revisión del Tratado Comercial Internacional.