Los gobiernos desde el federal hasta municipales, se encuentran inmersos en una serie de contradicciones, provocadas por las decisiones erradas de los anteriores administradores, por las inercias y por la confusión propia de quienes administran.
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El caso de la Presidencia de la república es paradigmático, convertido en un proceso esquizofrénico, en un día apadrinan decisiones de la Fiscalía General en los señalamientos de personajes como grandes delincuentes y en la siguiente declaración liberan de responsabilidad a los protectores de los delincuentes.
No solamente violentan la funciones de la procuración de justicia, también cometen la ilegalidad de justificar hechos y personajes que corresponden a la investigación criminal, informan de delitos y el supuesto estado que guardan, además de influir en el curso de las investigaciones.
Dejan correr la acusación o señalamiento y luego corrigen su posición. Es evidente que no es función de la titular del Poder Ejecutivo hablar de asuntos de competencia de una entidad autónoma como la Fiscalía General de la República. Lo peor es que la Fiscalía General está complacida con dicha intervención en sus investigaciones y temas.
Las contradicciones no solamente suceden con el gobierno federal, en nuestro caso, en Jalisco, el titular del gobierno del estado, después de llegar con fuertes cuestionamientos legales sobre el proceso electoral, asume la función con una enorme deuda pública que le deja su antecesor.
Deja además los temas trascendentes en pendiente, en tanto se dedica a actividades secundarias como enfocar las políticas públicas a un evento deportivo, que solo abona al lucimiento del gobierno, con fines sociales de nulo rendimiento.
Por otro lado, por inseguridad o por alguna razón que desconocemos, en el momento en que la seguridad pública adquiere su mayor tensión crítica, insiste el gobernador en sostener como responsable a un personaje cuestionado desde su origen por su relación con personajes de la delincuencia organizada.
Por otro lado se encuentran las protestas de los habitantes del municipio de Teocaltiche, que afirman que quien genera los delitos y la organización delincuencial es precisamente la policía estatal, que se ha hecho cargo del municipio.
Como secuela y en varios hechos con la influencia del propio gobierno del estado, se encuentra el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que por un lado declaran que no se autorizarán nuevos fraccionamientos por el enorme problema de congestionamiento de la Avenida de López Mateos y por el otro autorizan al INFONAVIT para apalancar las empresas de vivienda en la construcción de nuevos desarrollos, después del grave problema que enfrenta el municipio.
Como consecuencia del desarrollo urbano desordenado, tenemos que el municipio cuenta apenas con poco más de veinte patrullas y 800 policías, la mayoría sin perfil ni capacitación, cuando la población actual requeriría algo más que tres mil elementos y cuando menos 250 patrullas.
Dentro de esas carencias la administración le encuentra prioridad a construir un edificio para la corporación, antes que fortalecer cuando menos los sistemas de patrullaje.
Así los gobiernos en medios de contradicciones siguen actuando de manera improvisada y torpe en perjuicio de la población.