La distorsión de la seguridad pública

Bajo el chantaje militar, el gobierno de Claudia Sheinbaum hizo una propuesta barroca de Guardia Nacional, un órgano militar encargado de la seguridad pública federal, con funciones de Investigación Criminal.

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Quienes han pugnado por crear un Estado de Derecho, que se apegue a las normas y procedimientos procesales, que garantice la justicia y los derechos humanos, son ignorados.

Hasta ahora el Estado Mexicano no ha logrado sujetar a las corporaciones que actúan discrecionalmente y sin supervisión. Es claro que ha sido un proceso difícil y tortuoso, el llevar a los militares a los controles civiles y de rendición de cuentas, en todas las sociedades.

En Portugal vivieron lo que dio en llamarse La revolución de los claveles, un golpe militar pacífico en el año de 1974, que marco el inicio de la transición del país a la democracia. El nombre provenía de los claveles rojos que la gente colocaba en los fusiles de los soldados.

En México y con la llegada de Ernesto Zedillo hubo un movimiento similar de oficiales jóvenes, que tuvo como referencia a Portugal. Sin embargo la inestabilidad del gobierno de Zedillo no permitió realizar los cambios que deseaban. El Presidente contuvo el movimiento mediante promesas que nunca cumplió, antes bien le entregó al grupo militar dominante la Procuraduría General de la República.

La siguiente manifestación de inconformidad se presentó a la llegada de Vicente Fox, ante quien se presentaron doce comandantes de zona, para ofrecer su apoyo a una reestructuración del sector militar. Fox entró en pánico y dejó al mismo grupo los mandos del ejército. Los comandantes de las doce zonas no tuvieron alternativa que el retiro y la jubilación.

La secrecía que priva dentro de las filas militares no permite conocer hechos concretos de los abusos que cometen. Durante la década de los ochenta trascendió que el líder del Cártel de Guadalajara, que todo mundo consideraba de enorme poder, era extorsionado sistemáticamente por la comandancia de la Zona Militar.

En el sexenio de Zedillo tuvimos atisbos de la lucha interna entre el titular de la Secretaría y un jefe regional, que se dijo apadrinaban distintos grupos de la delincuencia organizada, lucha que acabó por perder el comandante regional.

La llegada de López Obrador fue uno de los avances esperados, la sujeción de las corporaciones al Estado de Derecho, todo ello como anhelo de muchos militantes de la izquierda mexicana, que vieron la oportunidad de oxigenar esos espacios oscuros.

Como es conocido sucedió lo contrario, las élites se aliaron a los militares para realizar obras civiles y de inversión. Alegremente escondieron costos y gastos con el argumento de la Seguridad Nacional.

La llegada de Claudia Sheinbaum fue la oportunidad de recuperar la ruta que debió seguir un gobierno de izquierda. Sin embargo, los problemas presupuestales no permitieron crear un órgano civil fuerte de investigación criminal, que operara en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República.

El órgano federal de la prevención de la seguridad pública, de ser nominalmente un organismo civil se pretende que pase a ser militar y con funciones de investigación criminal. Creado para la confrontación ahora con un brazo de investigación. Sorprende por lo forzado del concepto, no tiene perfil ni formación, por decir lo elemental.

Al lado de fiscalías disfuncionales y un Poder Judicial distorsionado por decisión discrecional, ahora tendremos una policía federal sin controles civiles y sin mecanismos de rendición de cuentas. Todo como chantaje al gobierno federal, para el supuesto de atender las exigencias del gobierno norteamericano.