El siguiente año presenta varias incógnitas del Gobierno Federal, algunas verdaderamente preocupantes. Por ejemplo: ¿Como se abordará el problema delictivo y de persecución del delito ante los inminentes y poco claros cambios en el Poder Judicial, incluyendo el Debido Proceso?
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Otra pregunta es, ¿Quién va a dictar y llevar las estrategias contra la delincuencia organizada en el país? Si consideramos las notas de los medios, la relación entre la Fiscalía General de la República y quienes dirigen el gobierno actual, lo menos que se puede decir es de falta de coordinación.
Además, las reformas constitucionales de 2009 a quienes facultan para realizar la investigación criminal es a las corporaciones policiacas, incluida posteriormente la Guardia Nacional.
Sin embargo, por tradición quien tiene la facultad de investigar los delitos federales, es fundamentalmente la Policía Federal Investigadora, que de manera natural se coordina y depende orgánicamente de la Fiscalía General que ejerce en ella influencia determinante.
De esa manera se entiende la intención del gobierno actual de ampliar las facultades de investigación criminal a la Secretaría Federal de Seguridad Pública, se supone con la creación de otra corporación policiaca.
Dicha Secretaría se encuentra aislada de los procesos de investigación. Si bien en la práctica podría coordinarse con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, no dispone de instrumentos directos para ejercer la investigación, lo que los deja expuestos a las decisiones del Agente del Ministerio Público Federal.
Además de que el Ejército regular y la Armada no tienen formación ni capacidad para la investigación, salvo la confrontación violenta. Todo ello sin considerar que la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina solo pueden actuar en flagrancia, salvo cuando realizan funciones de apoyo a las policías investigadoras y al Ministerio Público.
Como se aprecia a simple vista, el gobierno actual está aislado del fenómeno de la investigación del delito y por lo tanto entre otros efectos, es ajeno a la ejecución de detenciones estratégicas, de manera determinante para las extradiciones, para lo que dependerá de la ejecución de ordenes judiciales y la operación de corporaciones que si bien le podrían hacer caso, podrían actuar de manera discrecional y lo que es peor, por intereses ajenos al actual gobierno.
Todo ello sin especular de como se habrá de articular la integración de un Poder Judicial, del que no se aprecia claridad de como operará ni quien vigilará que se apegue a Estricto Derecho. Pensando además de como acabará de organizarse la operación de las fiscalías y cómo se habrán de articular los acuerdos que se establezcan con gobiernos extranjeros, en materia de extradiciones.
Más incognitas
Caben entonces varias preguntas:
- ¿Como se articularán políticas de cooperación con otros países?
- ¿Como hará el gobierno federal par cumplir con los compromisos y solicitudes de gobiernos extranjeros?
- ¿Cómo garantizará el gobierno ante otros países la aplicación pulcra de El Estado de Derecho, para los ciudadanos que invierten y visitan el país?
Son demasiadas dudas e incógnitas, en tanto la ciudadanía observa con incredulidad como operan las cámaras del Congreso Federal, como en la elección de la Cámara de Senadores de quien dirigirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos.