Con la protesta de los agricultores que sufrió la población, se hicieron evidentes las fallas estructurales de los gobiernos federal y estatales en materia de políticas del campo, a la vez, la incorrecta interpretación y ejecución de sus funciones. Desde el concepto de tolerancia hasta la aceptación del chantaje como mecanismo de negociación.
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La desatención a problemas que se arrastran de años, sumada a la ausencia del mismo Estado en la regulación del comercio, la falta de planeación y de dirección de la producción del agro, para apoyar los intereses de quienes producen bienes perecederos, necesarios para el consumo de las comunidades.
La historia inicia con los tratados comerciales, en los cuales el país queda sujeto a la oferta y demanda internacional. Sin embargo, a ningún gobierno le interesó generar mecanismos de transición de una producción agrícola artesanal a la de carácter industrial.
El proteccionismo de otros países a sus productores, como la generación de tecnologías transgénicas, provocaron el retraso de la producción y de la competitividad de la agricultura local. Lógicamente eso acabó por llevar a los productores locales a ser expuestos ante el comercio implacable de las empresas trasnacionales y sus tecnologías.
Sumado a ello vino el desarrollo industrializado del maíz, que desplazó la producción tradicional de nixtamal para tortilla.
Las grandes empresas hicieron negocio al convertir el maíz en dos productos, el aceite y la maza, que abarataba costos a la vez que aumentaba utilidades. Así se acabó por producir tortillas de maíz sin el aceite natural, lo que bajó la calidad en evidente perjuicio del consumidor.
Otra consecuencia resultó que las empresas productoras de harina utilizaran maíz de menor calidad para obtener mayor utilidad. Por otro lado, los agricultores locales redujeron su producción por el bajo margen de utilidad que obtenían.
Tras años de pedir a los gobiernos que se creara un mecanismo regulador de producción y venta de maíz a precios competitivos, el campo ha quedado abandonado, en tanto que los programas sociales del gobierno generan competencia desleal al agricultor, causando que los trabajadores del campo dejen de laborar ante los bajos sueldos que pagan los agricultores.
Todos esos hechos llevaron a los productores a protestar por el abandono en que los tiene el gobierno federal, generando otro agravio a la población al violentar la garantía constitucional de tránsito, con problemas a quienes quedaron atrapados en las carreteras bloqueadas.
Ahí aparece la torpeza y la disfunción de los gobiernos federal y local que no tuvieron capacidad para negociar, en tanto se liberaba la población de eventos como la falta de atención y alimentos para menores y ambulancias con enfermos.
Sin intermediarios ni trámites de negociación que en primer lugar debieron desarrollar los gobiernos locales y en casos como Jalisco, cuyo gobierno es de partido distinto al nacional y se siente agraviado por el trato que ha recibido del mismo, dejó correr las protestas sin intervenir para que las resolviera el gobierno federal.
Todos son asuntos sin resolver, rebasados por los hechos y los vicios de gasto en que han incurrido, sin soluciones inmediatas a la problemática agrícola, sin olvidar que los casos de la ganadería, el agave y la caña de azúcar corren por la misma ruta de conflicto.