Sin duda, uno de los espacios donde la clase política en contubernio con la iniciativa privada hacen jugosos negocios al amparo del poder y bajo el manto de la impunidad y el intrincado tejido de las redes de corrupción, es la obra pública.
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Sin importar el tamaño ni el monto de que se trate, sea una comunidad pequeña o una gran ciudad, sea necesaria o no la obra, los gobernantes ordeñan los recursos públicos para su beneficio personal como si fueran los dueños de los dineros de la Hacienda Pública.
Ni siquiera es necesario hurtar el dinero ajeno aprovechándose del espacio que ocupan en la administración, el uso patrimonialista de los recursos cruza por prácticas de compadrazgo y amiguismo que con la fachada de “obra pública” y los “concursos” para las asignaciones a modo terminan por hacerse de los recursos de la comunidad, en muchas de las ocasiones utilizando prestanombres o
empresas fantasma.
La materialización de las frases “no me des, ponme donde hay”; “el que no transa no avanza”; “el año de Hidalgo, que chingue a su madre el que deje algo”; “donde no hay obras, no hay sobras”, se lleva a través de complejas “estrategias” de desvíos de fondos, triangulaciones en las asignaciones de obra pública,
“concursos” previamente apalabrados, para ordeñar las arcas públicas, y generar jugosos beneficios para muy pocos en perjuicio de muchos.
Todo ello, no sería posible sin una profunda discrecionalidad en las reglas, así como ordenamientos legales intermitentes y vacíos legales, que el marco jurídico existente le permite a quienes lo conocen encontrarle los recovecos para darle la vuelta a la ley y beneficiarse de ello. Lo que muestra claramente que quienes realizan estas triquiñuelas le encuentran más beneficio a la trampa que al cumplimiento de la ley.
Todo esto viene a cuenta porque en El Diario NTR Guadalajara, la periodista Sonia Serrano Íñiguez publica una extensa y documentada nota sobre las “empresas que fueron creadas apenas en la actual administración (estatal), que están ligadas a funcionarios de Movimiento Ciudadano (MC) o cuyos socios han sido señalados o sancionados por irregularidades y aparecen en la lista de beneficiarias con adjudicaciones de MiMacroPeriférico”.
“El gobierno del estado, continúa la nota, ha fraccionado el peribús, hasta el momento, en 229 contratos, de los que 227 corresponden a la actual administración. En total, por las obras y los complementos se han pagado cerca de 3 mil 800 millones de pesos (El Diario NTR Guadalajara, 18 de sep. de 2024).
Desde luego, es necesario que el gobierno del estado lleve a cabo obras que mejoren la movilidad de las personas, lo que no debe de suceder es que en el cumplimiento de su responsabilidad y obligación las autoridades realicen negocios personales. Se impone que el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez explique
ampliamente los vericuetos en la asignación de las obras de MiMacroPeriférico.
Profesor del Tec
@contodoytriques