Ante la presión que ejercerá el nuevo gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, además de la demanda de la propia población del país, el Gobierno Federal debiera reaccionar con acciones rápidas y efectivas ante la delincuencia organizada, principal promotora de los delitos graves como homicidios y desapariciones forzadas.
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La dificultad estriba en que el tema tiene demasiadas aristas de debilidad, además de desarticuladas, que generan resistencia estructural para resolver un problema largamente ignorado, con una campaña exitosa y de resultados inmediatos.
Básicamente hay cuatro vertientes que presentan dificultad, la primera es la falta de una instancia con capacidad para la investigación criminal, que pudiera encabezar las campañas para enfrentarla. Dicha acción debería corresponder a la Policía Federal Investigadora, que teóricamente se coordina con la Fiscalía General, sin embargo, su debilidad tradicional y la penetración de la delincuencia en sus filas no ha permitido su desempeño eficiente. Además, se ve con alta dificultad por la actuación timorata con que se comportan ambas, Fiscalía General y Policía Investigadora.
La anterior Policía Federal Preventiva convertida en el sexenio anterior en Guardia Nacional, aunque constitucionalmente ha tenido facultades de investigación criminal, no ha mostrado capacidad para hacerlo, además de la torpeza y corrupción que la han caracterizado la mediatiza la desarticulación con la Fiscalía General de la República.
Como segundo elemento tenemos a las corporaciones de carácter militar, como son las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, sin embargo, esas entidades solo pueden actuar en confrontación y en eventos de flagrancia, lo que limita su actuación.
Sin contar desde luego el tradicional señalamiento que se ha dado a la relación de sus mandos con la delincuencia, en especial de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Un tercer elemento es la Secretaria de Seguridad Pública Federal, con atribuciones tradicionales solo de prevención, el actual gobierno le ha otorgado capacidad jurídica de investigación. Sin embargo, formar una entidad eficiente le llevará cuando menos un año, ya que hasta el momento se aprecia difícil por el tamaño del proyecto, los procesos de capacitación, amén de las dificultades presupuestales por las que atraviesa el gobierno federal. A pesar de los inconvenientes, al momento solo se aprecia viabilidad a mediano plazo, la de dicha Secretaría de Seguridad Pública Federal.
El cuarto componente lo constituye el proceso por el que pasa el Poder Judicial Federal, del que no se visualiza con claridad cómo será articulado para que opere con eficiencia y honradez. Si no se logra crear una estructura sólida, el empeño de los gobiernos anterior y actual, será solamente una enorme traba para la lucha contra la delincuencia y la administración de la Justicia.
Agrava la desconfianza de la sociedad además de las limitaciones técnicas y de dirección, la tradicional colusión de los gobiernos con los grupos delincuenciales. Ello sin contar la evidente penetración de la delincuencia en los gobiernos estatales y las administraciones municipales y la ausencia de interés y voluntad para enfrentar el problema.