En un contexto de creciente escasez hídrica, Estados Unidos y México han firmado un acuerdo de cooperación que promete transformar la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, una de las regiones más críticas en términos de recursos hídricos compartidos.
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La firma del Acta 331, que se llevó a cabo el 7 de noviembre de 2024 en Ciudad Juárez, Chihuahua, representa un paso decisivo para afrontar la crisis que afecta a ambos países y, especialmente, al sur de Estados Unidos, donde las sequías son cada vez más frecuentes y severas.
Este acuerdo es la respuesta a más de 18 meses de negociaciones y se da en el marco del Tratado de Aguas de 1944, que regula la distribución del agua del Río Bravo entre ambos países.
Dicho Tratado establece que México debe entregar 431.7 millones de metros cúbicos de agua del Río Grande a EU cada cinco años, una cantidad crucial para el abastecimiento agrícola y humano en estados como Texas. A cambio, EU provee a México de agua que viene del río Colorado.
Sin embargo, la sequía prolongada y los retos derivados del cambio climático han puesto en evidencia la insostenibilidad de las condiciones actuales, en parte por retrasos en las entregas de agua mexicana y las preocupaciones de agricultores en México que temen el impacto de la sequía en sus cultivos.
El Acta 331 tiene como objetivo otorgar mayor confiabilidad y predictibilidad en las asignaciones de agua a los usuarios de ambos países, establecer grupos de trabajo sobre proyectos, nuevas fuentes de agua y medio ambiente, así como mejorar la calidad del agua en la cuenca del Río Bravo.
Aunque el acuerdo no establece volúmenes específicos de agua, su valor radica en la flexibilidad que otorga a México para adelantar las entregas en situaciones de emergencia. Esto es esencial, dado que el Río Bravo, cuya cuenca atraviesa varios estados estadounidenses y mexicanos, enfrenta una creciente presión por el uso excesivo y la reducción de sus caudales debido al cambio climático.
Estados Unidos, que también atraviesa una grave crisis hídrica, ha estado buscando soluciones urgentes para garantizar el abastecimiento de agua en estados como Arizona, California y Nevada, dependientes de fuentes como el río Colorado.
De hecho, el acuerdo también responde a las tensiones generadas por el agotamiento de este río, que ha experimentado una disminución significativa de su caudal en los últimos años.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró el acuerdo como un ejemplo de “cooperación histórica”, destacando la importancia de un manejo responsable y sostenible de los recursos hídricos compartidos, no solo para atender las necesidades inmediatas de los usuarios agrícolas y las comunidades, sino también para proteger el medio ambiente a largo plazo.
Sin embargo, más allá de los avances que este acuerdo promete, la verdadera prueba estará en su implementación efectiva. Las promesas de flexibilidad y mayor confiabilidad en las entregas de agua deberán ser evaluadas en los próximos años, especialmente en un contexto donde las sequías y el cambio climático siguen siendo amenazas inminentes.
Si bien este acuerdo es un paso importante hacia la resolución de la crisis del agua en la región, no debemos perder de vista que la sostenibilidad del agua a largo plazo dependerá de un compromiso continuo y de políticas más amplias que vayan más allá de la simple distribución del recurso.
No quedan dudas de que para que esta colaboración se traduzca en un beneficio real y duradero, será necesario que ambos países sigan trabajando en conjunto, con una visión clara de sostenibilidad y de respeto mutuo por el recurso más vital para la vida.