Los gobiernos de Michoacán han creado una crisis permanente a través de la anarquía, la torpeza y la complacencia con las bandas de la delincuencia organizada. Guerrero y Michoacán además de ser vecinos, no solamente comparten sus gobiernos insensibles, torpes y mal intencionados, sino que cargan con una historia similar a Colombia, el cambio de piel de los grupos guerrilleros que pasaron de la insurrección armada izquierdista al tráfico de drogas.
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Complicidad de gobiernos con la delincuencia
En el gobierno de Carlos Salinas aparecen los primeros y drásticos síntomas en la zona de Apatzingán, contaminando los municipios colindantes. Se dispararon las bandas a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel y en todos los casos se ha percibido la complicidad de los gobiernos con la delincuencia.
Así el hermano de un gobernador resultó ser lugarteniente del líder de los caballeros templarios, entre otras lindezas de gobiernos, que no solo se conforman con atracar las arcas públicas, sino que se involucran en la protección y complicidad de los grupos criminales.
Ahora, con el homicidio de Carlos Manzo presidente municipal de Uruapan, ha resultado información en medios de la complicidad del actual gobierno con una de las facciones de delincuentes. En la lluvia de declaraciones que ha desatado la muerte de Manzo, nos hemos enterado de su constante solicitud de apoyo al gobierno federal, ante el riesgo que representaba su oposición a los grupos de la delincuencia
organizada.
La muerte del Presidente Municipal generó un serio descalabro para el gobierno federal, que ahora dice brindaba la protección debida mediante la Guardia Nacional, misma que a estas alturas no ha mostrado su capacidad para investigar el crimen, no obstante haberse obstinado en una reforma constitucional, para declarar la capacidad de investigación de un órgano militar, sustituyendo a los organismos de orden civil.
Ahora todo mundo se deslinda de las fallas cometidas en la protección de Manzo, afirman que hicieron su trabajo, las dudas y reclamos surgen por doquiera, resultan por omisión o comisión, las responsabilidades de las distintas instancias.
La novedad aparente es que la Secretaría de la Marina atenderá la persecución de los líderes de las bandas, lo que quiere decir y en lectura de la historia de las corporaciones del país, que van a la confrontación y enfrentamiento violento, con dichos personajes, si es que el gobierno federal habla en serio.
Por lo tanto, la Fiscalía General de la República no atrae el delito de homicidio, en respuesta de la pervertida actuación de la Fiscalía Estatal, ni asume la persecución de los delitos federales. Omisa como ha sido los últimos periodos solo intervendrá cuando no tenga alternativa.
Ahora el gobierno federal tiene un plan para pacificar Michoacán, mismo al que no se le perciben pies ni cabeza y se opta por enviar más elementos federales, en tanto ignoran la causa principal que todos coinciden es el gobierno estatal, cuya Fiscalía dirige las investigaciones bajo control del cuestionado gobernador. Así se ve cada vez más lejos el Estado de Derecho y la pacificación de Michoacán, cuyo caso está muy cercano a los otros estados del país.