Se vienen días muy complicados para las personas migrantes avecindadas en Estados Unidos (EU). En esta semana la Casa Blanca y el Congreso han lanzado tres golpes contra esta población.
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Gobierno federal bajo presión interna y externa
Impuesto a remesas
Primero, el domingo pasado el Congreso aprobó el proyecto de ley denominado “One Big Beautiful Bill Act” con 215 votos a favor y 214 en contra. La siguiente aduana para el documento será el Senado donde los republicanos tienen mayoría.
El proyecto incluye recortes de impuestos a los potentados, cientos de miles de millones de dólares en nuevos fondos para las fuerzas armadas y la seguridad fronteriza, y un impuesto de 3.5 por ciento a las remesas enviadas por ciudadanos que no cuenten con un estatus migratorio regular.
Este impuesto se aplicará a todos los envíos sin distingo del país receptor. En el caso mexicano su impacto podría representar mil 600 millones de dólares al año.
En caso de que esa disposición sea ratificada en la Cámara Alta, seguramente comenzaremos a observar el uso se mecanismos informales para el envío de la dolariza a nuestro país.
Militarización frontera
Siguiendo con el mismo paquete presupuestal, con los recursos solicitados el gobierno de Trump sumará mil 115 militares a las fuerzas desplegadas en su frontera sur, con lo cual el número de soldados en esa zona estaría cerca de los 10 mil.
Además, recordemos que el presidente ha designado algunas zonas fronterizas como áreas de defensa nacional, es decir, que legalmente son consideradas extensiones de sus bases militares. Con esa disposición cualquier persona no autorizada que ingrese en esas zonas será objeto de multa, arresto,
enjuiciamiento y encarcelamiento.
Por otro lado, los miembros del Ejército asignados a la frontera no solo colaborarán con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), sino que podrán detener a los migrantes.
Acuerdo Flores
Finalmente, se avecina otro revés a la población migrante. La Casa Blanca pretende poner fin al Acuerdo Flores (FSA, por sus siglas en inglés). El caso que dio origen al Acuerdo comenzó en 1985, cuando Jenny Lisette Flores, una menor salvadoreña de 15 años, fue detenida por la Oficina de Inmigración y Naturalización (INS) tras cruzar la frontera “ilegalmente”. La menor fue retenida junto con adultos.
En ese momento la INS solo permitía la liberación de menores a sus padres o tutores, lo que dejaba a muchos niños detenidos indefinidamente.
En 1997 se estableció el Acuerdo Flores que contenía diversas disposiciones para la detención de menores migrantes: respeto a sus derechos humanos, poder ser liberados sin demoras a sus padres, tutores legales u otros adultos responsables, ser alojados en instalaciones seguras, además de limitar a 72 horas el tiempo que los menores migrantes podían quedar bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza. Aunque el Acuerdo fue temporal, el gobierno federal lo ha mantenido vigente.
Sin embargo, en 2019 Donald Trump emitió una orden para terminar con él, misma que fue detenida por la jueza, Dolly M. Gee quien mantuvo el Acuerdo. Pero, las ganas de Trump para suspenderlo no han desaparecido.
La Casa Blanca y el Congreso insisten en que el Acuerdo Flores ya no es necesario porque el panorama de ingreso “ilegal” a Estados Unidos ha cambiado.
A pesar de no ser una medida suficiente para garantizar la seguridad de los menores migrantes, es mejor tenerlo a cancelarlo. Peligrosamente Trump piensa lo contrario. Se vienen días aciagos para los migrantes.
Profesor del Tecnológico de Monterrey
@contodoytriques