Siempre he dicho que las personas que migran “sin papeles” a Estados Unidos lo hacen por dos razones: no tener el derecho a no migrar, y poder acceder a un sin número de derechos que negados en sus comunidades de origen.
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Sin embargo, en la administración de Donald Trump 2.0 la Casa Blanca y varios gobiernos estatales republicanos han puesto en marcha diversas disposiciones que buscan atizar múltiples apretones a la población migrante “indocumentada” para volver más complicada y peligrosa su estancia en la Unión
Americana, y eventualmente presionarlos para que “decidan” autodeportarse.
Recordemos que Trump puso en marcha un programa donde paga mil dólares al migrante que opta por autodeportarse.
En días recientes el Departamento de Justicia (DOJ) y el gobierno texano de Greg Abbott llegaron al acuerdo judicial para poner fin a la matrícula estatal para migrantes “indocumentados” en el estado de la estrella solitaria.
Con ello, cientos de estudiantes “ilegales” en Texas ya no tienen acceso a la matrícula estatal. El DOJ había demandado al estado por su política de permitir que esos estudiantes pagaran la matrícula en universidades públicas texanas.
Sin embargo, frente a la demanda, el gobierno estatal en cuestión de horas se puso del lado del DOJ, y el juez federal de distrito Reed O’Connor otorgó una orden judicial permanente para anular la política estatal.
“Me enorgullece apoyar a la Fiscal General, Pam Bondi y a la administración Trump para detener una ley inconstitucional y antiestadunidense que otorgaba matrícula universitaria estatal a migrantes “indocumentados.
Esta ley fue un insulto a los ciudadanos de nuestra nación y, con razón, se ha impedido su aplicación. Seguiré luchando por el pueblo estadunidense y trabajaré con celeridad para derrotar cualquier política que priorice a los migrantes
“indocumentados” sobre nuestros propios ciudadanos”, declaró el Fiscal General de Texas, Ken Paxton.
Texas se había convertido en el primer estado en permitir beneficios de matrícula estatal a estudiantes “sin papeles” en 2001 mediante la promulgación de la Ley Dream impulsado por el entonces gobernador republicano, Rick Perry.
Esa legislación permitía que los estudiantes “indocumentados” accedieran a la matrícula estatal cumpliendo con unos pequeños criterios, a saber: graduarse de una preparatoria texana, residir en Texas al menos tres años antes y firmar una declaración jurada en la que se comprometían a solicitar la residencia permanente. Eso era suficiente para acceder a la educación universitaria.
Ahora, la Casa Blanca ha logrado quitarles ese derecho, y los migrantes quedan como moneda de cambio para que el gobernador Abbott pueda alcanzar sus intereses políticos previo al año electoral, además de estar bien con el jefe de la Oficina Oval.
Una vez más, no importa que los migrantes colaboren con la maquinaria económica, paguen impuestos y quieran ingresar a la universidad, la clase gobernante, pero también la sociedad civil, no les reconocen lo realizado diariamente en favor del vecino del norte y continúan con las políticas de criminalización sobre quienes solo buscan un lugar para vivir.
Profesor del Tec de Monterrey
@contodoytriques