En política hay una prueba sencilla para distinguir principios de coyuntura: revisar si el argumento se sostiene cuando cambia el tablero. El debate sobre los plurinominales lo está mostrando con claridad, y vale la pena abordarlo con un criterio estrictamente institucional: congruencia en las reglas.
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En Jalisco, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado emitió un posicionamiento oficial que incluye un punto de diseño democrático que no es menor. El documento lamenta que se utilice “plurinominal” como descalificación y recuerda (de forma expresa) que este mecanismo democrático es fundamental para garantizar la representación y la pluralidad política.
Ese señalamiento no viene de una sola fuerza: está firmado por coordinaciones parlamentarias de
distintos partidos, incluyendo Morena y el PT, además de PRI, PAN, Hagamos y Futuro.
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Hasta aquí, el planteamiento es defendible. La representación proporcional tiene una función conocida en los sistemas democráticos: corregir distorsiones del modelo distrital, evitar sobrerrepresentaciones automáticas y asegurar presencia legislativa a minorías con respaldo real. Es, en términos técnicos, un mecanismo para que el Congreso se parezca más al mapa del voto y menos a la geografía de las victorias.
El punto es que, en el plano federal, el discurso del mismo bloque político se mueve en dirección distinta. A nivel nacional, desde el oficialismo se ha abierto la discusión sobre reducir o eliminar espacios de representación proporcional, con argumentos que combinan austeridad, reducción de costos, y el objetivo de disminuir el peso de listas cerradas decididas por dirigencias.
Puede ser una discusión legítima, pero la coexistencia de ambas posturas, defensa local y cuestionamiento federal genera un doble estándar que la ciudadanía percibe rápido.
Dicho con precisión: si Morena y PT sostienen en Jalisco que la representación proporcional es un mecanismo democrático fundamental para garantizar pluralidad, entonces lo congruente es que su propuesta federal explique con el mismo nivel de claridad cómo se preservará esa pluralidad si se recorta o desaparece la figura.
Y si la tesis federal es que los plurinominales deben eliminarse o reducirse drásticamente, entonces lo congruente es que ese criterio se revise también en el plano local, en lugar de defenderlo como principio aquí y descartarlo allá.
Este no es un debate para consignas. Sería poco serio negar que existe un malestar social con los plurinominales tal como han operado: durante años se les asoció a cuotas, acomodos y poca rendición de cuentas. Ese diagnóstico existe y no se corrige con discursos.
Se corrige con diseño: transparencia, reglas de selección más abiertas, incentivos de desempeño, y mecanismos claros para que la representación proporcional no se perciba como “premio” sino como representación verificable.
Por eso, la salida institucional no es la descalificación, sino una ruta de reforma ordenada. Si la federación avanza hacia una reconfiguración del modelo, sea por reducción, eliminación o transformación, Jalisco debería abrir un proceso equivalente de revisión técnica: proporcionalidad voto–escaño, riesgos de
sobrerrepresentación, costos institucionales, y sobre todo garantías explícitas para que minorías con respaldo real no queden borradas. La reforma no puede convertirse en herramienta de ventaja para nadie, hoy o mañana.
Y aquí el remate popular, sin estridencia pero sin doble mensaje: si en México se cambia la regla de los plurinominales, Jalisco debe armonizarla con el mismo criterio. La gente no está pidiendo que todo se quede igual; está pidiendo claridad, austeridad razonable y reglas que no se muevan según convenga. En democracia, eso se llama legitimidad: lo que se defiende como “mecanismo democrático” en Jalisco debe sostenerse con la misma seriedad cuando se legisla para todo el país.