Poder Judicial: El árido camino del derecho y la seguridad pública

Las acciones emprendidas por los últimos gobiernos para cambiar el Poder Judicial y sacar adelante la relación económica de los Tratados Internacionales, han llevado al país a un punto de quiebre en su tierno sistema democrático y los pequeños avances hacia la convivencia civilizada.

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El enigma de la seguridad pública

El anterior gobierno de Morena, en su afán de consolidar lo que consideró avances de beneficio social, vio en el Poder Judicial un freno para sus proyectos de mejora de las clases desposeídas. Con una visión un tanto reduccionista, consideró que debía desmantelar el Poder que representaba ese dique.

No se detuvo a pensar que lo que debería hacerse, era mejorar las prácticas de selección de funcionarios, así como la normatividad sustantiva y adjetiva, que permiten las prácticas viciadas que se presentan.

De manera rupturista desconoció mediante el Poder Legislativo, el sistema orgánico para generar un nuevo criterio de selección de personal del Poder Judicial. Sin embargo, no encontró a los personajes idóneos por conocimiento, capacidad y calidad moral para que condujesen el proceso.

Echó mano a personas sin escrúpulos ni conocimiento del complejo mundo judicial, lo que lo ha llevado a una situación de pérdida de rumbo, que necesariamente habrá de necesitar cambios y ajustes en el
futuro próximo.

La extrema complejidad se presenta al requerir nuevos cambios constitucionales y pasará necesariamente por un proceso de prueba y error.

La creación de un entramado judicial óptimo, necesitará cuando menos de otros seis años para consolidarse, llevando de antemano los antes señalados procesos de legislación.

Es evidente que el Poder Judicial necesitaba ajustes y con mayor razón en los Estados, donde la manipulación de los factores de poder les permite controlar los tribunales locales, incluyendo magistrados y jueces.

Sin embargo, todo apunta a que el diseño establecido sufre de fallas en el diagnóstico, que generarán nuevos problemas y vicios, que tendrán que repararse por las sucesivas administraciones.

Por otro lado, la presión ejercida por el nuevo gobierno norteamericano, ha obligado a acciones improvisadas al mexicano, que si bien lo han llevado a operaciones y detenciones necesarias, no necesariamente significa el desmantelamiento de las estructuras criminales, que deberían ser escrupulosamente tratadas por investigaciones de la Fiscalía General de la República y por procesos cuidadosos del Poder Judicial Federal.

Al final tendremos el equivalente a la destrucción de un edificio delincuencial, que, si bien es necesario, tampoco se construye la estructura que habrá de soportar una eficiente prevención y represión de la delincuencia, que nos lleve a una paz permanente y duradera.

Estamos en el equivalente de destruir el edificio, pero que necesitamos reconstruir desde los cimientos la Justicia Penal, para considerarnos un país civilizado, en el que los ciudadanos puedan disfrutar la paz y la convivencia pacífica.

Estamos lejos de lograr lo que hemos querido tener, la seguridad de los niños y los jóvenes y la sujeción a proceso de infractores, en este caso sicópatas que se han apoderado de las decisiones, que deberían corresponder a una sociedad organizada y justa.