Al fin llegó el 20 de enero y Donald Trump se instaló como presidente 47 de Estados Unidos. Desde las primeras horas de su mandato, lo mismo desde la Capital One Arena que desde la Oficina Oval, el republicano firmó una cascada de órdenes ejecutivas para delinear lo que él quiere que sean las principales rutas de su gobierno.
Te recomendamos:
Los retos del gobierno federal ante la Seguridad Pública
Firmó, ordenó y disparó por doquier, a saber: puso fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos si el estatus migratorio de los padres no es regular, con lo cual busca cambiar la interpretación de la Enmienda 14; retiró a su país del Acuerdo Climático de París y de la Organización Mundial de Salud; indultó o conmutó las sentencias de más de mil 500 personas que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, incluidos seis condenados; declaró emergencia nacional en la frontera sur y ordenó el despliegue de fuerzas armadas, incluida la Guardia Nacional; puso fin a la política de “detener y soltar” que ofrece libertad a los migrantes detenidos en la frontera cuando son capturados por primera vez ingresando “ilegalmente” al vecino del norte; reanudó la construcción del muro fronterizo y puso en marcha nuevamente el programa “Quédate en México” para obligar a los migrantes a esperar en nuestro país su respuesta a la petición de asilo en Estados Unidos; designó a los cárteles mexicanos, a las pandillas MS 13 y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas extranjeras; ordenó al fiscal general que solicite la pena capital por el asesinato de agentes policiacos a manos de “indocumentados”; ordenó revertir los programas que reconocen a las personas transgénero y no binarias, y afirmó que en Estados Unidos solo existen dos géneros: masculino y femenino; obligó a a los trabajadores federales a dejar el teletrabajo y regresar a sus oficinas; ordenó cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América y restaurar el nombre de Monte McKinley al pico más alto de Estados Unidos localizado en Alaska.
Finalmente ordenó anular las órdenes ejecutivas de Joe Biden que sacaba a Cuba de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo, y reingreso a la isla a esa lista.
Lo que dejó en el limbo fue su promesa de aplicar aranceles de hasta del 100 por ciento a las importaciones a su país, y poner un 25 por ciento a los productos procedentes de México y Canadá.
Desde luego, una cosa son las ordenes ejecutivas, y muy otra, su puesta en marcha.
De todas ellas no existe la certeza de que pasen la aduana legislativa a pesar del control republicano del Congreso debido a que no hay claridad en el impacto que tendrán, así como los costos y beneficios para la sociedad estadunidense.
Por otro lado, diversos tribunales, fiscales, gobiernos estatales y organizaciones civiles comenzarán el camino legal para impugnar las ordenes ejecutivas como ya sucedió durante el primer periodo presidencial de Trump.
Además, falta ver las respuestas internacionales. Estas necesariamente vendrán desde lo colectivo a través de diversos organismos multilaterales, hasta de manera particular por parte de varios países afectados por las decisiones del presidente de Estados Unidos.
Si bien, lo visto el día de ayer no nos permite ver un futuro halagador, tampoco podemos esperar a pie juntillas que todos los sueños trumpianos puestos de manifiesto en las órdenes ejecutivas del inquilino de la Casa Blanca se puedan cumplir.
Al tiempo.
Profesor del Tec de Monterrey
@contodoytriques