La historia de esfuerzos, buenas intenciones, proyectos, promesas y convenios marco para limpiar las pestilentes aguas del río Santiago, el más contaminado de México, pueden algunos perfectamente enmarcarse bajo la leyenda de “absurdos”.
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Aunque el gobierno del estado de Jalisco ha invertido, según sus cifras, siete mil 333 millones de pesos en casi seis años –en julio pasado había informado que eran cuatro mil 600 millones–, siempre fue una estrategia incompleta porque no contó con la inversión ni respaldo del gobierno federal, a quien corresponde por ley la tutela de las aguas nacionales.
En este espacio me referí a la burla que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tuvo con Jalisco, al ofrecer mediante un convenio “marco” hace cuatro años, la cesión de los ingresos al estado por derechos por uso y aprovechamiento de bienes del dominio público como cuerpos receptores de descargas residuales, para que se destinaran a obras de infraestructura y saneamiento del río Santiago.
El acuerdo fue publicado el 24 de agosto de 2020 bajo folio DOF: 08/10/2020 en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2020 y estaría vigente hasta el 30 de noviembre de 2024.
El gobierno estatal intentó hacer efectiva la cesión de los cobros de derechos prometidos, pero la entonces directora de la CONAGUA, Blanca Elena Jiménez Cisneros, respondió el 28 de enero de 2021 al oficio SGIA-008/2021 enviado por Jalisco, que no fue posible asignar al estado de Jalisco los ingresos con destino específico percibidos por la Conagua por concepto de derechos.
La razón de este incumplimiento es que se trataba de instrumentos jurídicos “novedosos” y atípicos, por lo que existieron cuestiones “técnicas” y jurídicas, que imposibilitaron la asignación de dichos recursos, por lo que el gobierno federal de nuevo se lavó las manos con las aguas del Santiago.
Pero los acuerdos sin cumplir no son nuevos. En 2015, el gobierno de Aristóteles Sandoval firmó un convenio marco con ayuntamientos involucrados en la contaminación del río Santiago, específicamente en lo que se refiere a la cuenca del Ahogado.
El compromiso fue en respuesta a la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 01/2009, donde el gobierno estatal y nueve municipios, se comprometen a realizar obras de saneamiento y mitigación de la contaminación, lo que por supuesto no sucedió.
Pero el más reciente convenio “marco” de Coordinación Interinstitucional y de Cooperación Técnica para la protección ambiental, restauración y reparación integral de los daños ocasionados por la contaminación del río Santiago, fue publicado el diez de octubre de 2024 y es una respuesta a la recomendación 134/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde autoridades federales y nueve municipios de Jalisco, se comprometen en el ámbito de sus competencias, a realizar la restauración y reparación integral de los daños ocasionados por la contaminación del río Santiago.
El decreto, señala que el gobierno del estado de Jalisco, manifestó no estar en condiciones de firmar dicho instrumento. Sin embargo, el gobierno estatal aclaró que no firmó ya que el gobierno federal no reconocía que para febrero de 2024 ya había invertido más de tres mil millones de pesos –para julio ya refería 4,600 y para noviembre 7,333 millones–.
No obstante, al revisar este último convenio “marco” para sanear el río Santiago, es inevitable un gesto de ternura. Para empezar, fue firmado por nueve alcaldes interinos el 14 de marzo de 2024 (antes de las elecciones de junio) y publicado el diez de octubre de 2024 cuando ya no estaban en el cargo.
Y la décima cuarta cláusula, señala que los Presidentes Municipales salientes se comprometen a hacer del conocimiento de los Presidentes Municipales electos, el presente instrumento jurídico, a efecto de que se continué la ejecución del mismo.
(Lo invito a que me lea, escuche y vea en www.paraleloveinte.com).
*Columna publicada en: https://www.milenio.com/opinion/carlos-martinez-macias/sin-pedir-audiencia/rio-santiago-convenios-para-enmarcarse