Todo parece indicar que únicamente va siendo cuestión de tiempo y enfrentamientos legales ganados para que el poder judicial de Estados Unidos vaya fallando en favor de las políticas antimigrantes puestas en marcha por Donald Trump.
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Gobierno federal bajo presión interna y externa
Si bien es cierto, que varias disposiciones del republicano han enfrentado rechazo político y social, e incluso legal, al correr de las semanas más temprano que tarde el aparato judicial termina por darle la razón al encargado de la Oficina Oval.
El último triunfo que consiguió el neoyorquino fue que la Corte Suprema le conceda el permiso para revocar protecciones migratorias que poseen 350 mil venezolanos bajo el programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS) que permite que migrantes de países que enfrentan crisis humanitarias permanezcan en Estados Unidos y trabajen legalmente.
Esta es la medida más grande que priva de estatus migratorio a un grupo de no ciudadanos en la historia
moderna de Estados Unidos.
Con ello, se da un paso significativo para limpiarle el camino a Trump quien desde los meses de campaña amenazó con cancelar el TPS para todas las personas protegidas por el programa.
Desde su arribo a la Casa Blanca puso en marcha a su equipo para desmantelarlo, en concreto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, canceló una designación de 2023 que había permitido que
350 mil venezolanos fueran elegibles para el TPS.
Además, buscó revocar un par de prórrogas anunciadas por el gobierno de Joe Biden en sus últimos días, que habrían permitido que todos los venezolanos beneficiarios del TPS mantuvieran sus protecciones legales hasta octubre de 2026.
Sin embargo, el juez federal de distrito, Edward Chen, designado por Barack Obama, dictaminó en contra de terminar con el programa.
Como respuesta a ello, la Administración Trump solicitó a inicios de mayo la intervención de la Corte Suprema para echar abajo la decisión de Chen, y con ello seguir con sus planes de deportar a un millón de migrantes por año. La Corte Suprema cedió ante la presión de la Casa Blanca.
Debido a que el TPS fue creado en 1990 por el Congreso y puesto en marcha como orden ejecutiva, la única manera de que se mantenga vigente es que el presidente de Estados Unidos así lo determine, es decir, de la misma manera que Joe Biden lo utilizó en dos ocasiones, Donald Trump lo puede cancelar.
La paradoja es muy violenta. Miles de venezolanos impulsaron el voto a favor de Donald Trump y hoy, el republicano les da con un palo en la cabeza.
Los 350 mil venezolanos que vive en Estados Unidos y cuentan con permisos de estancia y trabajo bajo el TPS no podrán evitar la deportación.
Probablemente esto traerá un costo político a los republicanos pues al menos 175 mil beneficiarios
venezolanos del TPS viven en Florida, un estado que se ha convertido en clave para demócratas y republicanos en épocas electorales.
Según las actuales reglas del TPS, una vez que se finalice la protección que brinda a los venezolanos, estos tendrán 60 días de gracia antes de que sean vulnerables a una deportación. El voto venezolano por Trump les está saliendo muy caro.
Profesor de Tecnológico de Monterrey
@contodoytriques