No tenemos duda de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conoció desde días atrás el informe sobre el caso Teuchitlán rendido ayer por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; tanto, que el lunes pasado durante la rueda de prensa “mañanera” señaló:
“Se da seguimiento puntual a la línea de tiempo de quienes desde septiembre de 2024 tuvieron conocimiento de los hechos y responsabilidad jurídica del resguardo del predio y lo que encontraron en el mismo, para deslindar responsabilidades y conocer la verdad frente a las víctimas…”.
En estas 45 palabras Sheinbaum Pardo concentró lo que ampliamente ayer explicó Gertz Manero y que también, sin duda alguna, le fue dado a conocer con antelación el martes al gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro durante su asistencia a la sesión del Gabinete de Seguridad federal.
Tanto la presidenta de la República como el gobernador del Estado sabían ya que la Fiscalía General del Estado sería señalada como la principal responsable de todo el desaseo ocurrido en el rancho “Izaguirre” en Teuchitlán.
Por supuesto, la Fiscalía General del Estado aludida por Alejandro Gertz fue la que encabezó Luis Joaquín Méndez Ruiz durante el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, a quienes quizás el Fiscal General de la República se refería cuando categóricamente señaló que “no era creíble” que las autoridades estatales no supieran de lo que sucedía y sucedió en el rancho “Izaguirre”, como tampoco las municipales.
El “rosario” de omisiones y errores cometidos por la fiscalía alfarista como responsable del resguardo y custodia del predio señalado como centro de adiestramiento y cremación del crimen organizado es tan contundente, que al gobierno de Lemus Navarro no le quedó otra que “abrirle las puertas” para su investigación a las autoridades federales ordenándole a su fiscal, Salvador González de los Santos, entregar ayer mismo todas las carpetas de investigación que existieran sobre este caso.
La entrega de los expedientes de manera “express” a la FGR habla de la urgencia que tiene el gobernador Lemus Navarro por deshacerse de esta “papa incediaria”, y que sea aquella la que atraiga la investigación correspondiente, confiando en que estará exento de cualquier responsabilidad en sus apenas cuatro meses en el cargo y que todo el peso recaerá en el período de su antecesor.
Y es que no había para dónde hacerse ante los señalamientos revelados por Gertz Manero sobre la manera en que la fiscalía que encabezó Méndez Ruiz actuó en el caso de este rancho. Este es el listado de errores u omisiones dados a conocer ayer:
- El peritaje no incluyó el rastreo de huellas o indicios de los hecho.
- No se cumplió con el debido procesamiento de las prendas encontradas.
- No se procesaron debidamente los vehículos, y 3 de estos ya han sido robados.
- No se realizó la investigación completa de la propiedad del inmueble, y después de seis meses no se especifica ni quien es el dueño.
- No se dio cuenta procesal de las armas encontradas.
- No se realizó la investigación exhaustiva del lugar, ni de las huellas dactilares que había en el lugar.
- Seis meses después no hay un dictamen definitivo que determine análisis físicos y químicos que vinculen las zanjas encontradas con zonas crematorias.
- Se trata de pruebas que debieron estar “periciadas” en el momento, pero no fueron entregadas por la Fiscalía estatal.
- Las carpetas locales no fueron integradas al caso, ni se le dio seguimiento a declaraciones de víctimas en referencia a las prendas, que señalaba que se trataban de propiedad de los retenidos.
- Se registran en expediente identificaciones encontradas, pero estas pertenecen a sicarios que ya han sido detenidos en otras entidades.
- A pesar de estar asegurado por el ministerio público local, el predio no fue asegurado correctamente por autoridades locales.
- No se tomó declaración al Presidente Municipal, ni testimoniales de testigo, vecinos o personas vinculadas.
Además del fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz, como titular, ¿a quiénes más alcanzará esta investigación? ¿A la vice fiscal de desaparecidos Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, como se menciona en los corrillos del gobierno? ¿Llegará hasta el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez?
Y es que se asegura que si el gobernador Alfaro subía a sus redes sociales hasta la detención de delincuentes “comunes”, con todo y fotografía, en estos casos de “alto impacto” es obligado que el gobernador del Estado, llámese como se llame, está enterado al cien por ciento.
¿Cuánta historia e involucrados hay aún detrás del “Izaguirre Ranch”?
Al tiempo…