El gobierno del estado de Jalisco respondió pronto a la interrogante lanzada en este espacio sobre si hubo finalmente dinero para el saneamiento del río Santiago por parte del gobierno federal.
La duda planteada tenía que ver con un convenio celebrado entre autoridades estatales y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que esta dependencia cediera los ingresos por materia de derechos por descargas residuales a los ríos, mismos que son bienes de dominio público.
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El falso dilema de la perdida de control del Estado
El convenio, firmado el 24 de agosto de 2020, fue publicado bajo folio DOF: 08/10/2020 en el Diario Oficial de la Federación, en octubre de ese año.
La Conagua, conviene en autorizar al estado de Jalisco, el ejercicio de ingresos percibidos por el organismo por concepto de derechos por uso y aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación, como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, de la cuenca Lerma Chapala y río Santiago.
Los ingresos serían utilizados en infraestructura para el tratamiento de aguas residuales que propicien la mejora de la calidad del río Santiago y el lago de Chapala.
Sin embargo, más allá de las cláusulas del acuerdo donde las autoridades federales reconocen la gravedad del problema y están dispuestos a ceder estos ingresos para la construcción de infraestructura como plantas de tratamiento, el documento nunca pasó de los escritorios y los recursos nunca llegaron a la entidad.
Tan pronto fue firmado el convenio, el gobierno estatal se apresuró a pedir que se instrumentaran los mecanismos para que fluyeran los recursos y destinarlos al saneamiento de la cuenca.
No obstante, después de varios comunicados girados a la directora del organismo, Blanca Elena Jiménez Cisneros, finalmente es respondido el oficio SGIA-008/2021 de fecha 13 de enero de 2021, donde autoridades de Jalisco piden que se cumpla el convenio de 2020, ya que el saneamiento del río Santiago requiere de inversión pública para la construcción o ampliación de plantas de tratamiento.
El oficio de respuesta —cuya copia fue remitida por el área de Comunicación Social estatal a quien esto escribe—, admite que no fue posible asignar al estado de Jalisco los ingresos con destino específico percibidos por la Conagua por concepto de derechos por uso y aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales.
Expone que la razón de este incumplimiento es que se trataba de instrumentos jurídicos “novedosos” y atípicos, por lo que existieron cuestiones “técnicas” y jurídicas, que imposibilitaron la asignación de dichos recursos.
También argumenta que fue la emergencia del covid 19, que impidió celebrar otros encuentros para encontrar alternativas y plantea la celebración de mesas de trabajo virtuales para dar cumplimiento al objetivo de convenio, ya que, para la comisión, “resulta de vital importancia”, realizar acciones para sanear el río Santiago y el Lago de Chapala “como una tarea prioritaria”.
Pero el gobierno federal no cumplió desde el principio, puesto que Hacienda no realizó ninguna transferencia, por lo que resulta muy extraño que se haya celebrado este acuerdo sin haber revisado a cabalidad sus implicaciones
De acuerdo con el mismo, se puede dar por terminado, por caso fortuito o fuerza mayor (sic) que motiven el incumplimiento. También dice que se trata de un instrumento de buena fe y que, en caso de controversia, se resolverá de común acuerdo entre las partes.
Es más, la conclusión, es tan sencilla como notificar con 20 días de anticipación a alguno de los involucrados y el tema queda cancelado.
Es por este fallido convenio, entre otras cosas, que el gobierno del estado de Jalisco sostiene que en la tarea de saneamiento del río Santiago y el Lago de Chapala, el gobierno federal ha eludido su responsabilidad ante la severa contaminación que padece la cuenca.
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