En México hemos aprendido, a veces por las malas, que la certeza jurídica no es un lujo reservado para abogados, jueces o especialistas. Es una garantía indispensable para que cualquier persona pueda trabajar, construir un patrimonio, formar una familia y planear su futuro sin temor a que las reglas cambien cuando el camino ya fue recorrido.
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Por eso el artículo 14 de la Constitución es tan claro: ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna.
Parece una frase sencilla, pero contiene uno de los límites más importantes frente al poder. Las leyes pueden cambiar, las instituciones pueden modernizarse y el Estado puede establecer nuevas reglas para enfrentar realidades distintas. Lo que no puede hacer es volver al pasado para perjudicar a quien actuó conforme a las condiciones legales que estaban vigentes.
La discusión generada por la reforma al artículo 127 constitucional, relacionada con las jubilaciones y pensiones de distintas entidades públicas, debe analizarse desde ese principio. No solamente desde los montos, las cifras o los discursos políticos, sino desde la vida de quienes trabajaron durante décadas y organizaron su futuro confiando en una promesa institucional.
Una jubilación no es una concesión graciosa. Es el resultado de años de trabajo, aportaciones, responsabilidades cumplidas y decisiones tomadas bajo determinadas condiciones. Detrás de cada expediente existe una historia personal: familias que hicieron cuentas, personas que dejaron pasar otras oportunidades laborales y trabajadores que construyeron su vejez con base en reglas conocidas.
Los jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros organismos gubernamentales que hoy se han organizado entienden que su causa no termina en sus propios recibos ni en sus expedientes. Lo que están defendiendo puede beneficiar a todos: que ninguna autoridad pueda utilizar una norma nueva para disminuir derechos que ya habían sido reconocidos.
Acompañados por su abogado, Carlos Aldana, han acudido a las instituciones y a las vías legales para defender lo que consideran derechos adquiridos. Lo han hecho mediante argumentos jurídicos, organización y confianza en que la Constitución sigue siendo el punto de encuentro cuando existen diferencias entre la ciudadanía y el Estado.
Ese camino también merece reconocerse. No están pidiendo colocarse por encima de la ley. Están solicitando que la ley cumpla su función más importante: brindar certeza y proteger a las personas frente a decisiones que puedan alterar, en su perjuicio, situaciones jurídicas consolidadas.
La trascendencia de esta lucha va mucho más allá de la CFE o cualquier ente gubernamental. El principio de no retroactividad también protege propiedades, contratos, prestaciones laborales, ahorros y decisiones patrimoniales. En realidad, protege algo todavía más profundo: la confianza de la ciudadanía en que la palabra del Estado tiene valor y continuidad.
Un país se fortalece cuando sus instituciones escuchan, revisan cada caso con seriedad y resuelven conforme a la Constitución. También cuando las personas pueden acudir a los tribunales con la certeza de que sus derechos serán estudiados sin prejuicios ni decisiones colectivas apresuradas.
La ley debe mirar hacia adelante. Puede corregir, transformar y construir mejores condiciones para el futuro. Pero para avanzar con legitimidad debe respetar aquello que ya reconoció.
Por eso la defensa de estos jubilados es también una defensa de todos. Porque hoy se discuten pensiones, pero mañana podría tratarse de cualquier otro derecho construido legítimamente.
La certeza jurídica no se mide por la simpatía que despierte una causa. Se demuestra cuando el mismo principio constitucional protege a todos por igual: ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna.