Una propuesta ambigua de seguridad pública

La propuesta reciente de seguridad pública hecha por el gobierno federal entrante generó diversos comentarios.

Algunos de ellos celebran que no se hable de abrazos en lugar de balazos, otros afirman que es una propuesta tibia que no habrá de resolver el grave problema de violencia por el que atraviesa el país.

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En realidad, se trata de un enunciado de propósitos que debieran estar articulados de manera lógica y detallada, en el que se presentara con claridad que son, cómo se resolverán y cuando, cuanto costarán y quienes lo aplicaran. Además, solo se habla genéricamente de los temas, sin que estén detallados los procedimientos.

Quienes los critican dicen que para variar se habla solo de propósitos y buenas intenciones, por ejemplo, en el caso de atacar las causas no ha habido un gobierno en los últimos sexenios que no se refiera a eso y sin embargo al final resultan propuestas retóricas, que no conducen a ningún lado, en especial por no estar sustentadas en diagnósticos sólidos.

En la operación se habla de aplicar lo que en el medio es conocido como inteligencia, que no es otra cosa que información y análisis de la misma y que se acercaría a lo que se conoció en su momento como Plataforma México, que consistía en un centro de información y que conduciría a acciones concretas y eficaces.

A esto se critica que de nada servirá dicha información si no se tiene un proyecto operativo sólido, lo que aún se desconoce cuál sería.

Otro elemento que se está dejando de lado es la aplicación de procesos del Derecho criminal que necesariamente pasan por distintas etapas y que deben estar instrumentadas detalladamente y bajo un sistema integral, desde la prevención, disuasión, investigación del delito, sujeción a proceso, readaptación del infractor, hasta su integración a la sociedad.

Se habla en la propuesta de la coordinación de los distintos niveles de gobierno y debe insistirse que eso siempre se ha intentado sin que haya resultados concretos, las causas pueden ser desde la complicidad entre funcionarios y delincuentes hasta el desconocimiento de los procedimientos y la operación de las distintas etapas de la seguridad pública.

Así se da por hecho que los gobernadores y presidentes municipales son conocedores del tema, amén de creer que no están involucrados con la delincuencia y ambas consideraciones están generalmente fuera de la realidad.

De esa manera las estrategias de seguridad si es que fueran sólidas, estarán comprometidas y si la delincuencia las conoce, obviamente estarán lejos de ejecutarse con eficacia, esto sin considerar el riesgo que corren quienes de buena fe actúan en el sentido deseado, quedando expuestos a reacciones violentas de la delincuencia.

Debemos considerar además que en este proceso está implícita una operación impecable de las policías preventivas e investigadoras, de las fiscalías y en especial del Poder Judicial y el manejo profesional de los reclusorios, toldo ello muy lejano a nuestra realidad, empezando por las dudas que genera la reconstrucción de un Poder Judicial del que todo mundo desconfía.