Son diversas las fuentes de recursos que genera la migración “indocumentada”, a saber: ora como mano de obra barata, dócil y calificada; ora las millonarias remesas que envían los migrantes a sus familias; ora los cientos de millones de dólares que producen en Estados Unidos y fortalecen su mercado interno; ora el negocio de las deportaciones y los centros privados de detención.
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En el contexto de las megaredadas y deportaciones prometidas por Donald Trump se están frotando las manos varios grupos de contratistas militares dedicados a la construcción y mantenimiento de centros de detención.
Entre ellos se encuentra Erik Prince, ex director ejecutivo de Blackwater (compañía fundada en 1996 y encargada de proveer seguridad, entrenamiento y apoyo logístico a las fuerzas estadunidenses en Irak y Afganistán durante la guerra contra el terrorismo), quien ha propuesto al presidente Donald Trump llevar a cabo deportaciones masivas a través de una red de “campos de procesamiento” en bases militares, usando una flota privada de 100 aviones y un “ejército” de 10 mil ciudadanos privados autorizados para realizar arrestos.
El plan tiene un costo de 25 mil millones de dólares y garantiza la deportación de 12 millones de personas antes de las elecciones intermedias de 2026. Según Erik Prince, el gobierno está impedido para deportar esa cantidad de personas por lo cual debería solicitar ayuda a las empresas privadas.
En este orden de ideas, la Casa Blanca estaría dispuesta a construir centros de detención de migrantes “indocumentados” en 10 bases militares del país, entre ellas: Fort Bliss, El Paso (Tx.); Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst (Nueva Jersey); Estación Aérea de la Reserva de las Cataratas del Niágara (NY); Base Aérea Hill (Utah); Base Aérea de la Reserva de Homestead (Florida).
Por otro lado, el negocio de las compañías privadas como CoreCivic, LaSalle, Corrections, Management Training Corporation y GEO Group se encuentra en cada persona detenida, puesta y mantenida en custodia el mayor tiempo posible. Incluso reciben mayor remuneración cuando detienen a menores
de edad.
Los centros de detención privados representan un lucrativo negocio a consecuencia del aumento de la detención de migrantes.
Además del cobro realizado al gobierno, las compañías suman los ingresos por servicios como la alimentación, la atención médica y los programas laborales.
No obstante que, en agosto de 2016, durante el gobierno de Barack Obama se emitió un memorando dirigido a la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) en el que se ordenaba no renovar los contratos con prisiones privadas, una vez llegado Donald Trump a su primer periodo presidencial fue
revocada esa orden y se reanudaron los contratos con empresas penitenciarias privadas, expandiendo el uso de cárceles privadas para migrantes con más de 40 nuevos centros de detención abiertos durante su mandato.
En 2021 Joe Biden volvió a echar para atrás esa disposición, que bajo la segunda presidencia de Trump se pondrá en marcha nuevamente.
La danza de los millones que producen las cárceles privadas en Estados Unidos explica en gran parte el interés por mantenerlas. En 2022, GEO Group generó 1.05 mil millones de dólares en ingresos únicamente por contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es decir, 43.9 por ciento de su ingreso total. CoreCivic obtuvo 552.2 millones de dólares en ingresos por contratos de detención con el ICE en 2022, lo que equivale al 30 por ciento de su ingreso total.
Todo ello, muestra que la migración “indocumentada” continúa siendo un gran negocio para muchos, menos para los migrantes. A no dudar, los migrantes aportan, soportan y poco importan.
Profesor del Tec de Monterrey
@contodoytriques