A lo largo de las 76 páginas que integran su iniciativa de reforma, el Poder Judicial en ninguna propone, plantea o reclama que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) pase a formar parte de él o que sea integrado a su estructura, como sí lo hace el Ejecutivo en su iniciativa que personalmente entregó el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro al Congreso del Estado.
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Lemus parece estar obsesionado por tener bajo su control al TJA que como presidente municipal lo mismo le “paró en seco” o hizo serias observaciones de irregularidades en su actuar -como el caso de las luminarias en Zapopan y el arrendamiento de patrullas en Guadalajara-, que le concedió “luz verde” en la toma de decisiones y que hasta algunos magistrados fueron sus cómplices en la violación de la ley al falsificar documentación oficial para que, precisamente, lograra arrendar unidades policíacas.
En su “sorpresiva” iniciativa -ni los magistrados sabían de su existencia-, que presuntamente se elaboró bajo el mando del magistrado Daniel Espinosa Licón, el Poder Judicial nunca hace referencia alguna alguna al TJA que actualmente es un órgano jurisdiccional que no depende de ningún Poder del Estado, lo que al parecer le incomoda al Ejecutivo y propone que dependa del Judicial.
En el inciso a) del renglón denominado “Acceso a la justicia para todas y todos los jaliscienses”, el Poder Judicial refiere lo siguiente:
“Frente a los aspectos destacados, en la coyuntura de la armonización de la reforma judicial a la Constitución Política del Estado de Jalisco surge la oportunidad para garantizar este derecho humano de las y los jaliscienses desde la estructura misma del Poder Judicial de Jalisco.
“Para tal efecto, conforme a las disposiciones del artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario reconfigurar el contenido de los numerales 56, 58, 63 y 64 de la Constitución Local en aras de que el Poder Judicial del Estado se estructure de la siguiente manera:
“El Poder Judicial se compondrá por el Supremo Tribunal de Justicia y los juzgados de primera instancia, menores y de paz, además por el Instituto de Justicia Alternativa, quien proporciona los servicios en materia de métodos alternos de solución de conflictos; y, el Órgano de Administración Judicial del Estado y Tribunal Estatal de Disciplina Judicial, quienes asumen, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, la administración, servicio de carrera, vigilancia y disciplina de la judicatura. La justicia abierta y justicia digital serán fundamentales”.
Al entregar su iniciativa, el presidente del Poder Judicial, José Luis Álvarez Pulido, declaró que “nosotros como Poder Judicial conocemos las necesidades, incluso somos conscientes de las áreas de oportunidad que podemos tener, porque a final de cuentas nosotros vivimos día a día la impartición de justicia y también identificamos y sabemos desde el interior los puntos prioritarios”.
Tras escuchar y leer lo anterior, podemos concluir que “conocedor de las necesidades del Poder Judicial” al “vivir día a día la impartición de justicia” y saber “desde el interior los puntos prioritarios”, considera que no hay razón ni justificación para querer sumar a este Poder al TJA, propuesta del Ejecutivo que ha sido interpretado como un distractor para dar pie a que se interpongan amparos y, de esta manera, buscar que se “empantane” la aplicación de la reforma en tiempo y forma.
Habrá que esperar para saber cómo se “cocinará” la iniciativa que finalmente será aprobada por el pleno del Congreso del Estado -se apuesta que será la combinación de las propuestas del Ejecutivo, de Movimiento Ciudadano y del Poder Judicial-, y confirmar si se impone el capricho del Ejecutivo o el TJA se mantiene como órgano jurisdiccional, ajeno al Poder Judicial.
Al tiempo…