Maximiliano Lomelí Cisneros señala a una veintena de jueces y magistrados por presunta corrupción y uso político de la justicia en Jalisco.
En una carta abierta dirigida a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el abogado jalisciense Maximiliano Lomelí Cisneros denunció públicamente a más de veinte jueces, magistrados y consejeros judiciales por presuntos actos de corrupción, abuso de poder y complicidad con intereses políticos y económicos.
Te recomendamos:
¿Qué sigue tras la detención del munícipe de Teuchitlán?
Lomelí Cisneros, con más de 20 años de experiencia en el ámbito jurídico, aseguró que el sistema de justicia en Jalisco y en el país está infiltrado por grupos del viejo régimen que se valen de su poder para extorsionar, despojar y violar derechos fundamentales, principalmente de personas en situación vulnerable.
“El poder judicial se ha convertido en un brazo del poder político y económico. Hombres, mujeres, ejidatarios y empresarios han sido víctimas de despojos y fallos injustos, incluso en juicios familiares y sucesorios”, señala en el documento.
El abogado lamentó que acudir a la Judicatura para denunciar resoluciones ilegales resulte inútil, ya que —afirma— esta instancia actúa como despacho jurídico de políticos y personas influyentes. Además, acusó a exgobernadores como Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez, Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro Ramírez de haber impuesto jueces y magistrados para proteger sus intereses y atacar a opositores.
Entre los funcionarios judiciales señalados por Lomelí Cisneros se encuentran Óscar Arturo Murguía Mesina, Juan Pablo Hernández Venadero, Eduardo Moel Modiano, Roberto de la Torre González, David Axel Ruvalcaba Hernández, Gustavo Jazmany Lepe Soltero, y otros, hasta sumar una veintena.
“Estos personajes son el ejemplo de lo que nunca debe ser un servidor público. Tengo pruebas documentales resguardadas que sostienen cada una de estas acusaciones”, advirtió.
Como medida correctiva, Lomelí propone que el nuevo Tribunal de Disciplina investigue a fondo el patrimonio de estos funcionarios, incluyendo bienes, cuentas, fideicomisos y estilo de vida, para contrastarlo con sus ingresos reales como servidores públicos.
De cara a las elecciones del próximo 1 de junio, el abogado hizo un llamado a la ciudadanía para informarse sobre el perfil de los candidatos a cargos judiciales y ejercer el voto con responsabilidad: “Debemos evitar que la injusticia siga entrando a los hogares de México”.