La salud pública no se defiende con ocurrencias ni con histerias digitales. Se defiende con capacidad instalada, con red de referencia, con operación diaria y con un tercer nivel que aguante cuando lo demás falla.
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Bajo ese criterio técnico, Jalisco tiene una ventaja estructural frente a muchas entidades: una red estatal amplia y una columna vertebral histórica que no se improvisa ni se destruye con videítos de enojo. Los Hospitales Civiles de Guadalajara no son un símbolo decorativo: son un sistema dentro del sistema.
La red estatal es extensa y funcional. Según recuentos institucionales difundidos públicamente, Jalisco opera alrededor de 580 centros de salud, 29 hospitales regionales y comunitarios, siete hospitales especializados y tres clínicas de especialidad, además de unidades auxiliares.
Esa infraestructura importa porque permite que la demanda se distribuya y no termine colapsando en una sola sala de urgencias como ocurre en otros estados.
El tercer nivel es el corazón. Los Hospitales Civiles resolvieron en 2023 más de 69,953 egresos hospitalarios, 588,311 consultas externas, 123,539 urgencias y 54,243 cirugías, además de millones de estudios diagnósticos y de laboratorio que sostienen la resolución clínica real.
Ese volumen, sostenido por vocación docente y alta especialidad, explica por qué funcionan como última red de contención cuando el resto se satura y por qué, en momentos críticos, no solo se mide la institución, se mide todo el Estado.
Y aquí va la precisión que importa para el debate serio: los Hospitales Civiles no “cuelgan” de una sola bolsa. Su operación se sostiene como un modelo mixto donde convergen recursos del Gobierno de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara (por su carácter universitario, docente y de alta especialidad), además de esquemas de financiamiento y convenios específicos según servicios, programas y atención.
Traducido: no es una ocurrencia presupuestal, es una arquitectura institucional construida para sostener volumen, formación médica y tercer nivel.Esa arquitectura explica otra realidad que pocos dicen con todas sus letras: Jalisco sostiene no solo su propia demanda, también la de otras entidades.
Hay registros institucionales que muestran atención a pacientes provenientes de fuera del estado, lo cual no es anécdota: es consecuencia natural de tener un hospital de referencia robusto en una región donde muchos sistemas estatales no pueden absorber su propia alta complejidad.
Es mérito y es costo al mismo tiempo: mérito porque habla de confianza clínica, costo porque implica operar con presión permanente.
A eso se suma algo que aquí sí vale decir sin rodeos. Jalisco tiene una ciudadanía orgullosa que entiende perfectamente de dónde viene su sistema de salud y por qué importa defenderlo.
Este estado tiene memoria larga: desde Fray Antonio Alcalde, que fundó el primer Hospital Civil en 1794, la red ha sido un ancla histórica y social. Esa raíz explica por qué la población está dispuesta a defender instituciones que funcionan mejor que las de muchos otros estados.
Y esa misma población también sabe filtrar el ruido: no vamos a permitir que se debiliten instituciones con opiniones vacías disfrazadas de “defensa del pueblo”.
Aquí hay un punto incómodo pero necesario decir. Existe un ecosistema de opinología digital que no tiene obligación de verificar ni de operar nada, pero sí tiene un incentivo perverso: polarizar, simplificar y monetizar el enojo.
En estos días, algunos han empujado abiertamente la idea de “quitar por completo” el presupuesto de salud de Jalisco, como si se pudiera apagar un sistema real con un eslogan o como si eso no tuviera costos inmediatos en capacidad, tiempos, abasto, personal y continuidad.
Además, no es neutralidad: hay sesgo partidista alineado con el partido que hoy gobierna a nivel federal, y esa lente convierte cualquier defensa de una capacidad estatal que sí funciona en “enemigo” por definición. Su truco es convertir lo complejo en villanos de caricatura y sustituir la discusión de operación, insumos, recursos humanos y ruta del paciente por sospecha generalizada.
Al final, no atacan al gobierno, atacan la confianza del usuario que necesita que el sistema funcione. Ese desgaste cívico sí es un daño real y termina pegándole a quienes dicen defender.
Por eso el debate serio no se resuelve con el comodín de que “IMSS Bienestar puede absorberlo”. A nivel nacional, IMSS Bienestar no ha demostrado capacidad equivalente de absorción y continuidad para reemplazar capacidades existentes sin riesgo de deterioro en tiempos de respuesta, operación diaria y acceso real a insumos críticos.
Si algo ha funcionado mejor en Jalisco que en muchos otros lugares del país, la ruta responsable es fortalecerlo y corregirlo donde haga falta, no debilitarlo para apostar por un esquema que, hasta ahora, no demuestra estar a la altura.
En salud, improvisar no es un error discursivo, es un riesgo vital. Un sistema estatal no se presume: se sostiene.