Como se esperaba, la elección presidencial en Venezuela del pasado 28 de julio ha mostrado la peor cara de los regímenes políticos autoritarios cuando está en riesgo su poder y continuidad.
No es que se pensara que habría elecciones limpias, legales y efectivamente competidas, el control gubernamental sobre los organismos electorales y la negativa de registro a la candidata opositora más importante, que fue inhabilitada, pese a obtener su nominación de forma legal en los procesos internos de la oposición, ya nos habían dejado claro que habría pocos límites.
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No obstante, se tenía la esperanza de que un resultado que dejara clara la voluntad de la ciudadanía, en favor de la alternancia política, podría hacer desistir al gobierno de ejercer la violencia para mantenerse.
Ya adelantábamos (Marcatextos, 25 julio) sobre el manejo ilegal de recursos y programas para beneficiar la reelección de Maduro, así como el uso de la violencia con grupos de choque y hasta la fuerza policial y militar para limitar, por un lado, a los opositores en su búsqueda de respaldo político y votos y, por el otro, para disuadir a los electores de salir a sufragar masivamente.
Sin embargo, en una lección cívico democrática, las personas salieron a sufragar para sancionar el mal desempeño del gobierno en temas económicos, sociales y políticos.
Al más puro estilo de los autoritarismos de texto, antes que la autoridad electoral anunciara cualquier resultado de manera oficial, actores clave del gobierno y allegados del Presidente actual y candidato a su segunda reelección, habían salido ya a declararlo vencedor de la contienda con una “victoria contundente”, llegando incluso a declararla como “una gran victoria del pueblo venezolano”.
El problema es que la información, a cargo de la autoridad electoral, el Consejo nacional Electoral (CNE), no se tenía con el argumento de un “ataque cibernético”, por lo que apresuradamente y sin el respaldo de la documentación formal válida, su responsable declaró que con aproximadamente el 80% de los cómputos de los centros de votación la tendencia era irreversible.
Dar a conocer con certeza y transparencia los resultados electorales en su totalidad, es una obligación mínima del órgano electoral que a tantos días de distancia no ha cumplido.
Fue incluso la propia oposición quien presentó aproximadamente el 83% de sus actas de cómputo de los centros de votación, dado que las autoridades electorales se negaron en muchos casos a entregarle copias de las mismas o, incluso, la posibilidad a sus representantes de estar presentes y tener acceso a ellas.
Los reclamos han sido permanentes y de gran intensidad por parte de la ciudadanía venezolana, al grado que el gobierno ha respondido no sólo con el endurecimiento del discurso, con la amenaza de cárcel para opositores y manifestantes, sino con acciones concretas de violencia, persecución, detenciones masivas y desapariciones (diversas fuentes, como organizaciones civiles, reportan más de mil casos).
Por tal razón, la solicitud de que se hagan públicas la totalidad de las actas de los cómputos de votos en los centros de votación, que ha sido respaldada por Brasil, Colombia, México y más recientemente por los Estados Unidos.
Aunque eso es insuficiente y a estas alturas poco fiable (por la posibilidad de que en este tiempo la autoridad electoral controlada por el gobierno pueda otorgar cifras no sustentadas en los votos de los electores), si ofrece una salida que permitiría despresurizar la respuesta gubernamental violenta, y en el mejor de los escenarios abrir la posibilidad de acuerdos que permitan que los comicios sean efectivamente legales y competidos, sin la incidencia y control gubernamental.
Las salidas se agotan para Maduro con el riesgo que ello implica de escalar aún más en su posición violenta, mientras más acorralado se vea por la presión internacional (por ejemplo, se ha abierto una investigación en la Corte Penal Internacional contra el gobierno por el fallecimiento de al menos 24 personas, las detenciones arbitrarias y casos de operaciones ilegales como la “Operación Tun Tun”).
En este sentido, es muy importante la posición que asuman las fuerzas armadas, que aunque en este momento han respaldado plenamente a Maduro, pueden ser un actor clave para facilitar el diálogo, el cese de la represión y, eventualmente, un posible retorno a la democracia.
* Por José Antonio Elvira de la Torre