Es de explorado conocimiento que el cuerpo humano, cuando es afectado por un agente patógeno, desarrolla una reacción que le permita superar la enfermedad. Así, cuando la salud de la patria se ve comprometida, genera sus propias defensas. Uso esta metáfora para subrayar que la responsabilidad del nuevo titular de la Sedena es preservar la salud de la nación, combatiendo la infección que produce lo que podríamos definir como “fiebres del último año” o “calenturas del aprendiz de dictador”.
Las fuerzas armadas, por su naturaleza, no deben estar ideologizadas.
Sus miembros podrán tener, como cualquier ciudadano, su propio código de valores, siempre que no vayan en contra de los intereses del país que juran defender con su vida.
La patria es un concepto intangible que, al representarse con símbolos —himno, escudo y bandera—, produce un sentimiento de pertenencia.
El pueblo somos todos los que habitamos un territorio, sin exclusiones. El Gobierno es la institución que surge de la Constitución para lograr los grandes objetivos de libertad y justicia social. La nación es la suma de los anteriores conceptos.
Los cargos de mayor importancia en un Gobierno, después del titular del Poder Ejecutivo, los ostentan quienes tienen el control de las armas y la responsabilidad constitucional de defender la soberanía nacional.
Una de las mayores virtudes de los integrantes del ejército ha sido la lealtad a las instituciones y al mando de quien las encabeza: el Presidente de la República.
El viernes 6 de septiembre, el general Ricardo Trevilla Trejo fue designado secretario de la Defensa y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, responsable de la Semar.
Es del dominio público que López Obrador ha encomendado a los cuerpos armados funciones más allá de las explícitamente reservadas por la Constitución.
Aun cuando la Carta Magna señala que “ninguna persona o corporación puede tener fuero”, es evidente que las instituciones militares se manejan con una gran discrecionalidad.
Solo responden a su jefe nato. Su empoderamiento ha generado serias preocupaciones en amplios sectores de la sociedad.
La experiencia universal demuestra que los regímenes castrenses tienden, por su naturaleza, a rebasar los límites de la ley. Aun cuando la mayoría de los miembros de las fuerzas armadas son honestos, el daño causado a la civilidad por quienes se coluden con los delincuentes puede llegar a hacer nugatorio el Estado de derecho. La preocupación de que el actual Presidente y el general secretario trasciendan los límites constitucionales dependerá, en mucho, de la visión y el compromiso que los funcionarios designados tengan con México.
La experiencia nos enseña que, el que a dos amos sirve, con alguno queda mal. Por el bien de la nación, los funcionarios que concluirán su encargo deben ahuecar el ala.
A partir de la madrugada del 1 de octubre, la comandante suprema del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada solo tiene un compromiso: servir a la nación. Los ciudadanos no esperamos ni más ni menos que eso.