De mantenerse las tendencias en los escenarios internacional, nacional y local, se presagian crisis cuyos resultados pueden ser, por decir lo menos, desagradables. Recuerdo los años sesenta, en especial el 68. El mundo atravesó, como consecuencia de la incapacidad de los gobiernos para atender las demandas de los ciudadanos, una serie de problemas que se parecen mucho a los actuales.
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La democracia, que es, sin duda, el mejor sistema político creado por la inteligencia humana, ha dejado de ser el instrumento para lograr el equilibrio social y se ha convertido en la vía de acceso al poder para los dictadores. Prueba de ello son los casos de Nayib Bukele, en El Salvador, y la reelección por cuarta ocasión de Lula da Silva, de 81 años, en Brasil. Tenemos que recuperar el valor del único camino para acabar con demagogos, autócratas y déspotas: la democracia. En el mismo sentido, debería legislarse para poner un límite de edad a quienes aspiren a responsabilidades que reclamen el cien por ciento de sus facultades físicas, mentales y emocionales.
Cuando un gobierno, lejos de cumplir eficazmente sus responsabilidades, busca descargar las culpas de su incapacidad e incompetencia en el pasado, deforma la naturaleza de la administración, altera el orden constitucional y orilla al ciudadano a depender de la dádiva. La compra de votos promocionada por Donald Trump (cinco mil dólares a quienes voten por el Partido Republicano) no es muy distinta de los programas de «apoyo social» que han sido impulsados por el Gobierno de México desde el sexenio pasado. El día de mañana habrá elecciones para renovar a los 435 miembros de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Serán sometidos a votación 35 de los 100 escaños del Senado, 39 gubernaturas de 36 estados y tres territorios, así como miles de cargos de legisladores, alcaldes, fiscales, jueces y otros funcionarios. El resultado puede generar algunos efectos en la relación del señor Trump con nuestro país.
Por otro lado, resulta alentador que la ahora expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), institución responsable de la organización, transparencia, imparcialidad, legitimidad y credibilidad del proceso electoral, María Guadalupe Taddei, se haya visto forzada a renunciar. Falta ver si, en caso de ser imputada y de que se pruebe su culpabilidad, es sentenciada (lo que sueña un mexicano) o simplemente se le exonera o se premian sus lealtades al régimen con algún nombramiento, ya sea en el extranjero o en el país. Ronda el fantasma de la impunidad. Abundando en el tema y como si fuera una novela por entregas, veremos qué pasa con el «deschongue» que se traen las ministras «eméritas» Yasmín Esquivel y Lenia Batres, ambas protegidas por el líder vitalicio de la 4T, quienes luchan entre sí por ocupar la silla de don Ignacio L. Vallarta.
En cuanto a la crisis del agua, es sano que las diferencias entre el Gobierno de la República y el del Estado se hayan resuelto positivamente. Debe quedar claro que, independientemente de su origen partidista, los gobiernos tienen la responsabilidad de resolver los problemas de los ciudadanos. El horno no está para bollos.
Columna publicada originalmente en: Crisis mundiales por venir