El Primer Encuentro Nacional de Juristas, realizado el pasado 18 de abril en el Centro de la Amistad Internacional, dejó una señal que conviene leer con seriedad. Más que un acto protocolario, fue un espacio de articulación entre organizaciones jurídicas, colegios, asociaciones y perfiles con trayectoria pública que coincidieron en un objetivo central: impulsar una proclama avalada por la comunidad jurídica nacional en defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y de la institucionalidad republicana.
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En un contexto donde el debate público suele dispersarse entre consignas, la reunión tuvo el mérito de regresar al punto de fondo. La defensa de la Constitución no es una fórmula retórica, sino una condición básica para la vida democrática, para el equilibrio entre poderes y para la vigencia de las garantías que sostienen la convivencia pública.
Por eso resultó relevante la participación de las tres organizaciones nacionales convocantes: la Institución Nacional para la Celebración del Día del Abogado en México, que preside el doctor Jorge Eduardo Pascual; la Confederación Nacional de Colegios, Asociaciones de Abogados de México, CONCAAM; y el Frente Jurídico Nacional en Defensa de la Constitución y el Estado de Derecho en México.
La presencia del doctor Jorge Eduardo Pascual, del abogado Carlos Aldana Ortiz como coordinador nacional operativo del Frente Jurídico Nacional, y del maestro José Neira García, presidente de la CONCAAM, dio al encuentro una conducción con peso gremial y sentido de propósito.
En el caso de Carlos Aldana, su participación ayudó a subrayar una dimensión especialmente relevante del foro: la necesidad de que la defensa constitucional no se quede sólo en el plano declarativo, sino que encuentre cauces de organización, coordinación y presencia pública.
Su papel dentro del Frente Jurídico Nacional lo coloca, además, en una zona de articulación operativa que resulta clave cuando lo que se busca no es únicamente pronunciarse, sino construir una voz jurídica con alcance nacional.
A ello se sumaron las conferencias magistrales de los doctores José Barragán Barragán y Alfredo Ríos, así como la participación de la doctora Idolina Cosío Gaona, presidenta de la Agrupación Nacional Valentín Gómez Farías A.C. y de la Liga de Abogados Revolucionarios “Guillermo Cosío Vidaurri”, y del doctor Luis Octavio Cotero Bernal, director del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. La presencia de juristas provenientes de distintas entidades del país terminó de darle al encuentro un carácter nacional y no meramente local.
También vale la pena subrayar la capacidad de organización que se logró alrededor del foro. A las tres instancias convocantes se sumaron once asociaciones nacionales y locales, entre ellas la Agrupación Nacional Gómez Farías; la Asociación Nacional de Doctores y Doctorantes en Derecho y Ciencias Afines; el Parlamento Nacional de Profesionistas; el Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco; Club Juristas A.C.; Grupo Democrático Xalisco; la Liga de Abogados Revolucionarios Guillermo Cosío Vidaurri; el colectivo Reflexión y Análisis Ciudadanos en Plural por México; Confianza Jalisco; el Colegio de Abogados del Foro de Jalisco; y el Parlamento Ciudadano por Jalisco. Lejos de ser una suma mecánica de nombres, esa concurrencia mostró una red de interlocución jurídica y cívica con capacidad de convocatoria.
En esa arquitectura organizativa destacó de manera particular la doctora Idolina Cosío Gaona. No sólo por encabezar dos espacios con presencia en el encuentro, sino porque su participación ayudó a darle continuidad, orden y densidad a una convocatoria que exigía interlocución, oficio y capacidad de articulación. Su presencia proyectó un perfil con experiencia, arraigo y voz propia dentro del ámbito jurídico y público, algo relevante cuando lo que está en juego no es sólo la celebración de un foro, sino la construcción de consensos en torno a la defensa constitucional.
También Guillermo Cosío Gaona, al frente de Confianza Jalisco, aportó continuidad, interlocución y una lectura de organización con arraigo en la vida pública jalisciense. Se trata de un perfil que construye puentes entre ciudadanía, memoria pública y participación institucional, algo especialmente valioso en espacios donde el derecho necesita no sólo especialistas, sino también interlocutores capaces de enlazar el ámbito gremial con la conversación pública más amplia.
Visto en conjunto, el encuentro dejó una impresión positiva por su fondo y por su forma. Reunir a juristas, colegios, asociaciones y liderazgos en torno a la defensa constitucional no es un gesto menor. En tiempos de tensión institucional, que el gremio jurídico busque pronunciarse con claridad, construir consensos y sostener una voz propia sigue siendo una señal saludable para la vida pública del país.